Un “golpe blando” está en marcha en Guatemala, donde el líder en funciones conspira entre bastidores para impedir la transición del poder al legítimo ganador de las últimas elecciones.
No hay ejército en las calles, ni discursos de una “junta” militar en “CNN en Español”. ¿Cómo puede estar ocurriendo un golpe de Estado en Guatemala si el actual presidente, Alejandro Giammattei, que está al final de su mandato, no disuelve el Congreso y, bajo presión internacional, ha dicho que “realizará un traspaso pacífico del poder” al nuevo presidente electo?
¿Y por qué Giammattei, presidente en ejercicio del país más grande de Centroamérica, al que sólo le quedan tres meses de mandato, se molestaría en orquestar un golpe de Estado?
Muy simple, como acto de autopreservación.
Tras casi cuatro años en el cargo, se acumulan las acusaciones y los casos de corrupción contra Giammattei y sus aliados, pero los casos no avanzan en los tribunales. No es de extrañar. Giammattei ejerce un control total sobre la fiscalía. Sólo las causas contra sus detractores han prosperado, y sólo sus oponentes han sido encarcelados. El candidato presidencial ganador de Guatemala, Bernardo Arévalo, que recientemente obtuvo una aplastante victoria con una campaña contra la corrupción, es una mala noticia si su administración está totalmente comprometida.
En un error de cálculo monumental por parte de Giammattei y sus cómplices, un sucesor elegido a dedo, Manuel Conde Orellana, no dio la talla en la primera vuelta de las elecciones de junio. Se suponía que Conde iría a una segunda ronda electoral contra un oponente supuestamente impopular para conseguir una victoria fácil. En su lugar, Arévalo, líder del recién creado Partido Semilla, sorprendió al país, adelantándose y obteniendo el segundo puesto.
Arévalo, socialdemócrata, ganó la última vuelta electoral en agosto y fue declarado presidente electo por el Tribunal Supremo Electoral, que consideró que la votación había sido libre y justa. Su victoria hizo saltar las alarmas en todo el aparato corrupto del Estado, provocando el pánico entre los poderosos políticos y sus agentes.
Según el diccionario Oxford, un “golpe” es “una toma de poder repentina, violenta e ilegal de un gobierno”. Los más notorios son aquellos en los que los militares derrocan a un gobierno para instalar a un líder militar o “junta” por la fuerza y la violencia, como ocurrió recientemente en países africanos como Gabón y Níger.
A lo que nos enfrentamos ahora en Guatemala es a otro tipo de golpe de Estado, un “golpe blando” en el que un líder en funciones conspira entre bastidores, con el objetivo final de no ceder el poder al legítimo ganador de unas elecciones, y en su lugar traspasar el cargo ilegalmente a otra persona o entidad, rompiendo así el orden constitucional y revirtiendo la voluntad del pueblo. El conspirador arma a fiscales y jueces para violar la ley constitucional electoral y desbaratar retroactivamente unas elecciones.
En lugar de utilizar la fuerza bruta o la violencia, un “golpe blando” se lleva a cabo bajo el velo de la legalidad, manipulando los resortes de la jurisprudencia, o sobrepasándolos por completo para entrampar el proceso democrático. Desacreditar o cuestionar unas elecciones que ya han sido certificadas y declaradas limpias por una autoridad electoral y observadores oficiales internacionales, forma parte de un golpe blando.
Los guatemaltecos no somos ajenos a los golpes de Estado del tipo tradicional, ya que hemos tenido varios en nuestra historia reciente, en particular cuando la CIA ayudó a derrocar a un gobierno elegido democráticamente en 1954. Aquel golpe condujo a décadas de gobierno militar y fue seguido por golpes respaldados por Estados Unidos en la República Dominicana en 1963, Chile en 1973 y Argentina en 1976. En 2009, la Secretaria de Estado de Obama, Hillary Clinton, organizó un golpe de Estado en Honduras.
Tampoco nos son desconocidos los “autogolpes”. En 1993, el Presidente Jorge Serrano Elías, siguiendo el ejemplo del Presidente peruano Alberto Fujimori, disolvió el Congreso para mantenerse en el poder ese año.
Hoy Guatemala se encuentra de nuevo en medio de una crisis constitucional, que el propio Presidente electo Arévalo describió como un golpe de Estado en una entrevista reciente.
En “cámara lenta”, el presidente saliente Alejandro Giammattei no está disolviendo el Congreso ni destituyendo a jueces o magistrados. Planeó el escenario con antelación. Se preparó para ello.
Durante sus tres primeros años en el cargo, se las arregló para llenar el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, los tribunales de primera instancia y de apelación, y la Fiscalía General con agentes jurídicos sin escrúpulos y obedientes que han armado sus instituciones y recursos para perseguir a periodistas, defensores de los derechos humanos o protectores de la tierra. Decenas de ellos se han exiliado, la mayoría en Estados Unidos, incluidos fiscales y jueces que no cedieron a las presiones.
Poco a poco, el golpe actual sigue adelante, a pesar de la creciente presión internacional y la condena de la Organización de Estados Americanos, la ONU, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea y líderes de todo el mundo. Si Alejandro Giammattei y sus manipuladores tienen éxito, la presidencia no se transferirá a los legítimos ganadores de las elecciones en la toma de posesión en enero de 2024. En su lugar, pasará a manos de un gobierno interino que será seleccionado por un Congreso en funciones con mayoría política perteneciente al partido gobernante Vamos.
El “pacto de los corruptos”—como muchos guatemaltecos se refieren al círculo de acólitos de Giammattei—está aterrorizado ante la posibilidad de que un paladín les exija responsabilidades legales por actos recientes. Un gobierno interino daría cobertura a Giammattei y otros para seguir lucrándose robando del erario del país o manteniendo sus contratos inflados por el gobierno con sobornos del sector empresarial.
El pueblo guatemalteco ha hablado alto y claro contra la corrupción con su voto a Arévalo. Otros ciudadanos seguirán votando con los pies, emigrando, tal como lo han estado haciendo decenas de miles asqueados y cansados de un país que les niega las oportunidades básicas para vivir. Si el golpe blando logra su propósito, el éxodo migratorio hacia el norte pasará de mal a peor.
Pero la protesta popular pacífica contra el golpe blando sólo puede llegar hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo ayudar a detenerlo?
Puedes escribir a tu representante en el Congreso y pedirle su apoyo para impulsar una resolución que condene el golpe blando en Guatemala. Exige sanciones concretas, no sólo prohibiciones simbólicas cancelándole la visa norteamericana a personas señaladas por Washington, que ya no podrán viajar a Disney World. Exige acciones audaces como la suspensión de la cuota de importación de azúcar de Guatemala hasta que el presidente electo Arévalo tome posesión el 14 de enero. Estas medidas serían de gran ayuda.
Puedes llamar o escribir al Presidente Biden y a la Vicepresidente Harris, pidiéndoles que utilicen su liderazgo para invocar la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, que fue diseñada para iniciar acciones colectivas de los miembros de la OEA cuando el orden constitucional ha sido violado en un país miembro. O inicia una petición en línea o responde a las llamadas de los activistas con sede en Estados Unidos que luchan por preservar y promover la democracia en Guatemala. El tiempo apremia y es mucho lo que está en juego.
