A Berta Cáceres la asesinaron el 3 de marzo de 2016, un día antes de lo que hubiese sido su cumpleaños 45. Berta Cáceres era una mujer indígena Lenca en Honduras, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que lucha por los derechos y territorios indígenas. La comunidad indígena luchaba—y sigue luchando—contra el proyecto de represa Agua Zarca durante muchos años, y tuvieron éxito con la organización popular comunitaria y con llamar la atención internacional. Berta Cáceres ganó el premio ambiental Goldman Environmental Prize en 2015.
Cáceres pasó su vida en la lucha. Además de su activismo por el medioambiente y por derechos de pueblos originarios, luchaba por la liberación de las mujeres, y en contra del golpe de estado que derribó, en 2009, al presidente elegido, el centrista Manuel Zelaya. Este golpe fue apoyado por los Estados Unidos, buscando implementar una dictadura derechista en Honduras.
En diciembre de 2019, dictaron sentencia a los 7 pistoleros sicarios que llevaron a cabo el asesinato de Cáceres. De los siete, tres tuvieron conexiones con las tropas de élite del ejército hondureño, entrenadas por oficiales estadounidenses, y dos de ellos se entrenaron en la infame Escuela de las Américas (ahora WHINSEC). Los “graduados” de esta “escuela” han cometido miles de asesinatos, torturas, y otras violaciones de derechos humanos en América Latina.
Robert David Castillo Mejía, uno de los que planificaron y organizaron el asesinato de Berta Cáceres, por fin fue condenado en julio del 2021, después de 5 años del crimen, y en 2022 fue sentenciado a 22 años de prisión. Castillo era presidente de la compañía Desarrollos Energéticos SA (DESA), que buscaba construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, un proyecto que pasaría por el territorio del pueblo originario Lenca sin su consentimiento. Pero Castillo no era presidente de cualquier compañía. También era graduado de West Point, y un alto oficial de la unidad de inteligencia militar del ejército hondureño—antes empleado por la compañía National Electrical Energy Company. Tenía las conexiones para ejercer influencia ilegal en cuanto a los contratos del gobierno y también conseguir la ayuda de las fuerzas armadas de seguridad del estado para apoyar sus acciones, hasta para abusos de derechos humanos y asesinatos. Pero siempre se supo que había aún otro nivel más alto de riquezas y de poder implicado en este asesinato.
Ahora las autoridades hondureñas han presentado orden de captura para otra persona involucrado en la planificación y soborno en el asesinato de Cáceres. El Ministerio Público examinó las comunicaciones telefónicas que implicaron a Castillo y descubrieron evidencias forenses también implicando a Daniel Atala Midence, antes jefe de las finanzas de la compañía hidroeléctrica DESA. El padre y dos de los tíos de Atala Midence son los accionistas mayoritarios de esta empresa. La familia Atala se encuentra entre las más ricas de Honduras.
A Berta Cáceres la asesinaron precisamente porque encabezó la batalla en contra de la presa masiva hidroeléctrica de DESA en el río sagrado del pueblo Lenca, en el suroeste de Honduras. Después del golpe militar apoyado por los EEUU, en 2009, que derrocó al presidente elegido e instaló a una dictadura derechista, se aprobó el proyecto en el Río Gualcarque, aunque no cumplía con los requisitos nacionales e internacionales de protección del ambiente natural ni de la comunidad de la región.
La hija mayor de Berta, Olivia Zúñiga Cáceres, es la Embajadora de Honduras en Cuba. Su declaración fue concisa: “Acompáñennos una vez más por favor, orando porque la justicia llegue a quien deba llegar.”
Otra hija, Berta Zúñiga Cáceres, ahora jefa de COPINH dijo, refiriéndose a la familia Atala: “Todos los de esta organización criminal implicados con este crimen se deben llevar a la justicia.”
Gustavo Castro Soto, líder mexicano del movimiento pro-ambiente, es el único testigo al asesinato de Berta Cáceres. El fue herido en el ataque y sobrevivió porque los asesinos lo dieron por muerto. “La justicia está a medias porque finalmente los que planearon, ejecutaron, compraron a la gente y dieron el dinero están libres, que son los integrantes de la familia Atala, una de las más ricas de Honduras; son los autores intelectuales”, comentó Castro Soto.
Llevar ante la justicia a Atala es algo que nunca hubiera sido posible bajo los gobiernos derechistas corruptos instalados después del golpe militar apoyado por los Estados Unidos en 2009. La presidenta actual, Xiomara Castro, es una empresaria que se involucró con El Frente Nacional de Resistencia Popular después del golpe que derrocó a su marido Manuel Zelaya; fue elegida presidenta como candidata del partido LIBRE y asumió en 2022.
En su discurso de investidura, la Presidenta Xiomara Castro hizo un llamado por “justicia para Berta Cáceres.” Ha prohibido la minería a cielo abierto, solicitado que Honduras se asocie con BRICS, implementado un plan para que las familias más pobres de Honduras no tengan que pagar su electricidad y sus gastos sean pagados por los consumidores más grandes, con un cargo adicional. Bajo su dirección el gobierno de Honduras ha reconocido a los gobiernos actuales de China y Venezuela, ha retirado a su embajador en Israel, diciendo “Honduras condena enérgicamente el genocidio y las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario que está sufriendo la población civil palestina en la Franja de Gaza”,
Dos notas como conclusión:
Tomando en consideración la historia de gobiernos centroizquierdistas en América Latina, es evidente que el gobierno de Xiomara Castro en Honduras es, y será, objetivo de intentos de golpes de estado. El problema es que el pueblo, esperando mejoras en sus vidas, puede elegir presidentes progresistas, pero otras instituciones fundamentales se quedan bajo el control de los mismos ricos y poderosos enemigos del cambio: la economía, los medios de comunicación, el sistema jurídico, las asambleas legislativas, los grupos de crimen organizados, y las fuerzas armadas—todas sirven de medios para la manipulación y explotación buscando mantener el control del país, junto con la común y comprobada táctica de implementar un golpe militar para derrocar a un gobierno elegido. Hasta ahora en Honduras se ha probado la vía legislativa para desplazarla de la presidencia al comienzo de su mandato, luego se intentó el sabotaje económico cuando el sistema de electricidad, bajo control de unas cuantas familias poderosas, tuvo una misteriosa caída en julio. Como ha vivido un golpe de estado, Xiomara conoce los riesgos, pero conocer no siempre es suficiente.
Parece milagroso que siquiera un miembro de la familia que planificó y subvencionó el asesinato de Berta Cáceres pueda ser llevado ante la justicia. Estos conspiradores se confiaron tanto en su impunidad que ni siquiera hicieron intento de disfrazar su implicación ni de esconder sus mensajes telefónicos en grupo mientras organizaron el asesinato y las transferencias de fondos para sobornos. Hasta el momento se ha emitido la orden de captura, pero la detención todavía no se ha llevado a cabo, mucho menos el juicio. Manténganse alertas para más noticias sobre este tema.
