Madres y abuelas abrazaban a sus niños en los trenes que circulaban por esta zona seca del sur de Texas, sin saber qué les esperaba al final de la línea. Eran peruanos de ascendencia japonesa, secuestrados y traídos a Estados Unidos en un programa secreto de la Segunda Guerra Mundial como cebo comercial para los estadounidenses atrapados detrás de las líneas japonesas.
Recientemente, los sobrevivientes de la operación del Departamento de Estado llamada Pasajes Silenciosos regresaron a los terrenos de este antiguo campo de concentración a sólo 35 millas de la frontera con México. Habían venido a exigir justicia (reparaciones o una disculpa o ambas) para conmemorar la historia y denunciar la xenofobia que continúa afectando a esta región fronteriza y a los asiático-estadounidenses.
El grupo, que incluía a descendientes de los encarcelados, encontró aliados que podrían haber sido inesperados hace 75 años: activistas latinos y autoridades gubernamentales locales, algunos de los cuales habían ayudado a lanzar el movimiento de derechos civiles latino/chicano de los años 1960 y 1970.
“¿Qué puede impedir que esto vuelva a suceder?” preguntó Larry Oda, presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Japonés-Americanos, mientras contemplaba la solitaria extensión donde hasta 4.000 cautivos vivían en cuarteles (algunos durante más de cinco años) construidos originalmente para trabajadores agrícolas migrantes mexicanos. La tierra era hogar de escorpiones y hormigas rojas que picaban. Guardias armados, a menudo a caballo, patrullaban.
Oda nació en el campamento cuando sus padres, al igual que otros ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa, fueron trasladados para unirse a los peruanos desde instalaciones en el lago Tule, Santa Fe y otros lugares. Estaban retenidos bajo una orden de guerra que los consideraba enemigos potenciales.
“La retórica como la del expresidente conduce a esto”, dijo Oda, refiriéndose al lenguaje antimusulmán y antiinmigrante utilizado por Donald Trump, principal candidato republicano a la presidencia en 2024. “La retórica importa”.
En Crystal City, activistas latinos que alguna vez lucharon exitosamente en las décadas de 1960 y 1970, como parte de La Raza Unida, contra las prácticas locales de discriminación con huelgas y manifestaciones, acompañaron a los visitantes que venían de varios estados.
“Podemos luchar juntos contra la oleada reaccionaria blanca”, dijo Manuel Garza, un ex activista juvenil local que ahora es director de campo del Proyecto Educativo de Registro de Votantes del Suroeste.
“Se trata de compartir nuestro conocimiento, capacitar a la gente para que trabaje en temas de supresión de votantes. La gente de color está siendo perseguida en este momento. Podemos construir coaliciones con la comunidad asiática. Podemos ser otro país”.
No puede suceder sin una educación sobre historia como la del campo de concentración de Texas, dijo el vicepresidente de la junta escolar de la ciudad, Cruz Mata, pero “no está en los libros; debemos hacerlo parte del plan de estudios porque la historia se repite. “
Podría decirse que la operación de secuestro de Estados Unidos en tiempos de guerra, que incluyó a personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana tomadas por la fuerza de Guatemala, Costa Rica, Honduras, Bolivia y otros países, podría haber desaparecido de la memoria excepto por el trabajo de algunos sobre la “Peregrinación a Ciudad de Cristal,” como Grace Shimizu, cuyo padre y tío fueron encarcelados aquí.
Shimizu dirige proyectos para preservar las historias orales de los cautivos y exigir reparación. Los latinoamericanos japoneses fueron excluidos de la Ley de Libertades Civiles de 1988 que reconocía el daño causado a los estadounidenses de origen japonés.
O como Bekki Shibayama, quien guió el caso de los hermanos Shibayama cautivos de Lima, incluido su difunto padre Art, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene el mandato de proteger los derechos humanos en las Américas. En 2020, la CIDH afirmó la obligación del gobierno estadounidense de brindar reparación “material y moral” a los denunciantes. Ni la administración Trump ni la de Biden han cumplido.
“Yo iba a la escuela secundaria Crystal City en la década de 1960, y nadie nos dijo nunca que estábamos en el sitio de un antiguo campo de concentración”, dijo Severita Lara, quien una vez encabezó huelgas estudiantiles masivas hasta que la junta escolar aceptó las demandas para detener la discriminación contra los estudiantes mexicoamericanos—como prohibirles hablar español. Posteriormente, Lara se convirtió en alcaldesa de la ciudad.
“Su lucha y la nuestra es la misma”, dijo el ex profesor de historia Rubén Salazar, quien había publicado fotografías del campamento alrededor del vestíbulo de la escuela. Salazar también forma parte de la junta directiva del Comité de Peregrinación de Crystal City, que organizó el viaje de cuatro días.
Los japoneses comenzaron a migrar a Perú a principios del siglo XX con contratos de trabajo rural, recogiendo algodón o caucho, pero eventualmente adquirieron sus propios negocios y formaron una comunidad próspera de más de 30.000 personas. Sus hijos, con nombres españoles, hablaban español y crecían como católicos.
Pero Perú, de donde procedían la mayoría de los reclusos de Crystal City, se negó a aceptar a sus ciudadanos de regreso después de la guerra. Las autoridades estadounidenses habían confiscado sus pasaportes y certificados de nacimiento, por lo que se convirtieron en “extranjeros indocumentados” cuando el campo cerró. Muchos fueron a trabajar a Seabrook Farms en Nueva Jersey por 0.57 dólares la hora en una especie de servidumbre por contrato durante años hasta que pudieron conseguir la liberación formal.
“Estamos conectados de muchas maneras”, dijo Kazumu Naganuma de San Francisco, refiriéndose a los mexicoamericanos de Crystal City. Naganuma, cuya familia de nueve personas fue traída desde Callao, Perú, diseñó un monumento inaugurado en el antiguo campamento, recordando a dos niñas de 10 años que se ahogaron accidentalmente en la piscina que los reclusos habían construido para aliviarse del sol de Texas.
“El racismo todavía está aquí”, dijo. “Ahora lo están haciendo delante de nuestras caras”.
Mientras el viento seco soplaba sobre los terrenos llanos donde alguna vez estuvo el campo de concentración, la jueza del tribunal del condado de Zavala, Cindy Martínez-Rivera, dijo que la experiencia de los sobrevivientes “nos recuerda una época de erosión de las libertades civiles, la importancia de la tolerancia y la esperanza por un tiempo. cuando esos monumentos no son necesarios”.
Los jóvenes dijeron que “vinieron a aprender” de sus mayores, como la enfermera partera Keriann Uno, de 30 años, que había llegado en avión desde Ketchikan, Alaska. El tío abuelo de Uno, George Kumemaro Uno, que vivía en el campo, nunca fue acusado de ningún delito y retenido por el gobierno hasta 1947, mucho después de que terminara la guerra.
Keriann Uno dijo que mientras crecía tenía “una perspectiva externa”, y solo escuchaba “fragmentos” de su propia historia, lo que le generaba un sentimiento de “fragmentación”. A veces, las familias se sentían avergonzadas al admitir el encarcelamiento.
“Quería escuchar nuestras historias y las de mi familia para entenderlas”, dijo. “Creo que ha comenzado un proceso de sanación”.
