(Nota del editor: esta nota se reproduce con el permiso de HispanicLA.com)
Desde el inicio de la administración Trump hemos reportado centenares de redadas migratorias lanzadas en todo el país—pero especialmente en focos de votación demócrata—a la luz del día, con abundancia de agentes fuertemente armados, enmascarados, violentos y que ignoran con impunidad las leyes locales o estatales.
Esto ha dado la impresión de que comenzó la acción destinada a deportar a todos los indocumentados que viven en el país.
Sin embargo, aunque Trump prometió deportaciones masivas, hasta ahora las cifras muestran que está deportando aproximadamente un 10% menos que el ex presidente Biden.
El afán de la administración es tanto cumplir con la meta de superar el millón de desplazados por año como el de simplemente intimidar a la gente.
Podríamos pensar que el despliegue militar y la violencia contra familias llevarían a un descenso en el número de indocumentados, pero éste ha aumentado por una simple razón.
El gobierno ha dado fin a múltiples programas de protección a los inmigrantes y los visitantes y convertido la estancia de centenares de miles de beneficiarios de los mismos en ilegal.
A principios de marzo, la Administración había cancelado el programa de Parole Humanitario, que benefició a más de medio millón de personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, y en junio les llamó a abandonar el país.
En abril, revocó el estatus legal de migrantes que ingresaron a través de CBP One, la aplicación que permitía a migrantes solicitar citas y presentarse legalmente para las mismas en puertos de entrada. La medida afectó a unas 900,000 personas.
Y durante el año, la administración canceló el programa de protección temporaria o TPS para más de un millón de venezolanos, haitianos, nicaragüenses, hondureños, ucranianos y afganos.
El 19 de mayo lo hizo para 348,000 venezolanos. El 26 de junio, lo perdieron 521,000 haitianos que viven en Estados Unidos. El 7 de julio a 80,000 nicaraguenses y hondureños. El 1 de agosto a 160,000 refugiados ucranianos, y 15,000 afganos.
El 18 de agosto, el Departamento de Estado anunció la cancelación de visas de 6,000 estudiantes extranjeros, argumentando diversas razones. Estos deberán ahora abandonar el país y sus estudios.
El resultado de estas medidas, y principalmente la ola de raids y detenciones de inmigrantes, en su mayoría latinos, convierte a Estados Unidos en un país hostil hacia los extranjeros, cualquiera sea su procedencia.
Finalmente, a partir del 1 de octubre los turistas deberán pagar 250 dólares adicionales por visitar nuestro país y gastar aquí su dinero en hoteles, viajes, restaurantes, etc. Esto se agrega al costo actual de la visa de $185.
Aunado al empeoramiento de la imagen del país en el extranjero, esto lleva a una reducción de 12% en el número de turistas, contra expectativas previas de crecimiento del 9%.
Respecto a turistas de países prósperos como Alemania (28%), España (24%) Canadá (20%) y Corea del Sur (18%) la situación es aún peor.
Las pérdidas para la economía superan los 20,000 millones de dólares. El turismo produce millones de puestos laborales.
La inestabilidad política, los caprichos de un mandatario, los aranceles que aumentan los precios de productos de importación, las redadas migratorias, la ocupación militar de Washington D.C. y Los Ángeles hacen que muchos potenciales turistas cambien de idea.
Parecería que el ideal de Trump es una política que nos lleve a ser como Corea del Norte, país militarizado y casi sin turismo, regido por un dictador y sin libertades individuales.
