Por Gerardo Vásquez
El sábado 18 de febrero de 2023, a última hora de la tarde, muchos miembros de la comunidad del campo laboral Linnell, en el condado de Tulare, se reunieron y dijeron: “¡Ya basta! ¡Seremos escuchados!” Personas de pie, con la frente en alto, temblando por dentro por el coraje que se necesita para arriesgarlo todo. “Pero ya estuvo, no seremos presionados más sin decir nuestra verdad”. Aproximadamente 80 miembros de la comunidad se reunieron en Linnell para exponer los graves —e ilegales—ataques de intimidación y amenazas contra la población subrepresentada de esta comunidad de trabajadores agrícolas de bajos ingresos.
Los trabajadores informaron que la nueva administración de la Autoridad de Vivienda del Condado de Tulare intentó desalojar a cerca de 50 residentes del campo Linnell, diciéndoles que tenían tres días para mudarse. Les dijeron que la policía los arrestaría si no desalojaban. A otros residentes se les dijo que se agregarían nuevas reglas a su contrato, como no hacer asados en la propiedad, no se permitirían columpios para los niños y, de hecho, que sus hijos tenían que permanecer adentro y no sería permitido jugar afuera, indicando que la instalación no tenía seguro para cubrir a los niños.
Algunos residentes buscaron asesoramiento con agencias de la zona y así fue como Reyna Rodríguez, de Proteus, invitó a los residentes de Linnell a una reunión de la Mesa Directiva de las Autoridades de la Vivienda el pasado miércoles 15 de febrero para que expongan sus quejas y preocupaciones. Así lo hicieron y como consecuencia de estos comentarios, las autoridades de la vivienda convocaron a otra reunión para el 18 del mes, a la que se sumaron Armida Quezada, de Family Advocate Human Services Administration; Arturo Rodríguez, Director de Comunicación/Organización de Central Valley Empowerment Alliance; Raymond Macareno, Miembro de la Junta Autoridad de Vivienda del Condado de Tulare; John Hess, Presidente de la Autoridad de Vivienda del Condado de Tulare; Larry Micari, Distrito Uno de la Junta de Supervisores del Condado de Tulare; Amy Shuklian, Distrito Tres de la Junta de Supervisores del Condado de Tulare; Hernán Hernández, Unidad Popular Benito Juárez; Gladys Flores, Unidad Popular Benito Juárez; Gerardo Vázquez, Fundación Dolores Huerta; un abogado de Lulac; Capitán Joe Torres, Departamento del Sheriff del Condado de Tulare y Reyna Rodríguez.
Una residente que está en proceso de obtener la ciudadanía cumplió con las demandas de desalojo de la autoridad de vivienda por temor a poner en peligro su estatus migratorio. Ella y sus tres hijos se mudaron y han estado viviendo en su camioneta durante las heladas noches de este invierno. Una y otra vez, los residentes hablaron de las injusticias perpetradas contra ellos por esta agencia. Los asistentes contuvieron las lágrimas al escuchar las historias.
John Hess dijo que acababa de enterarse de todo esto y que suspendería de inmediato todos los avisos de desalojo hasta que pudiera averiguar qué estaba pasando. El Capitán Joe Torres, que se crió en el Valle y que conoce el trabajo agrícola, aseguró a los residentes del campo de trabajo que solo la oficina del alguacil (Sheriff) podía desalojar a las personas de sus hogares. Que si no era un miembro de la Oficina del Sheriff en la puerta de su casa, no tenían que salir de su casa. El capitán Joe Torres también dejó sus tarjetas de presentación para que llamaran a la residencia si volvían a ser amenazados. Hernán Hernández, de la Unidad Popular Benito Juárez, aseguró a la comunidad de trabajadores agrícolas que un aviso de desalojo de tres días era ilegal. Que si ha vivido en su hogar durante un año, la cantidad mínima para ser expulsado de su hogar es de al menos treinta días. Si ha vivido en su casa por más de dos años, el tiempo mínimo que tienen que darle para mudarse es de sesenta días.
En esa noche, los trabajadores agrícolas se unieron para expresarse y decir su verdad. No solo estaban de pie para defender a sus familias, sino contra la injusticia. Sus voces habían sido escuchadas. Esa noche vieron que ser pobre no significa ser indefenso y débil. La comunidad se mantuvo unida y fuerte. Esa noche la gente se unió en una sola voz.
¡Sí Se Puede!
