Por Juan Trujillo Limones
“Tuvimos que resignarnos a que la persona que estaba ahí en el cajón sellado con un papel del Servicio Médico Legal (SML) era mi hermano”, explica Daniel y familiar de Eduardo Alexis Caro del Pino, quien perdió la vida dentro de una ferretería incendiada en la avenida Santa Rosa del barrio popular de La Pintana en la capital chilena el domingo 20 de octubre de 2019, después de dos días del arranque de la revuelta social contra la represión oficial y el incremento al precio del Metro.
En estos meses, y puede que hasta el plebiscito del 26 de abril, ocurren cosas que no permitirán que el país sea el mismo de siempre, pues la injusticia es la constante para miles de víctimas de la violencia institucional.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde octubre se han registrado al menos 24 víctimas mortales, 770 denuncias de torturas, incluidas 197 por violencia sexual, 427 lesiones o traumas oculares, 3 mil 746 personas heridas y 2 mil 114 por disparos de balas y balines. Al menos 10 mil 365 mil personas han sido detenidas por la policía carabinera.
La situación de injusticia por las muertes empaña el actual proceso político en el que los chilenos decidirán si modifican la vieja Constitución, heredada de la dictadura (1973-1989). El caso de Eduardo Caro es sólo una ventana al trágico pantano de impunidad que enfrentan las familias de quienes han perdido la vida en este conflicto social.
El SML determinó su muerte por asfixia con gases tóxicos; sin embargo, la familia tiene fuertes suspicacias: Dudamos de esa teoría porque mi hermano murió quemado, calcinado; tuvo que haber habido un examen a sus pulmones, continúa su hermano. La escena del trágico hecho habría sido modificada, porque la zona no fue acordonada, tampoco llegaron peritos y la policía no intervino de inmediato en el comercio que fue saqueado durante casi tres días.
Consternada, su madre Patricia explica que “vieron personas vestidas de pantalón beige y camisa azul prendiendo el local con bombas”. Su padre Eduardo interviene rotundamente: Dieron chance libre para que la gente saqueara todo. Y es que el material de construcción en ese barrio popular se convirtió en un atractivo botín para cualquiera después del caos y zozobra sembrada por esos agentes infiltrados. No es lógico que si la gente quiere robar, (también) prenda un local. Es sospechosa tanta organización. Si me interesara sacar cosas ¿por qué me pondría una bomba de tiempo? Pero las provocaciones fueron introducidas en esa zona donde se registraron al menos cuatro focos de incendio. Como muchos vecinos de la zona, la madre y hermana de Lalo miraban con asombro y escalofrío el incendio a metros de distancia sin saber que su familiar se encontraba adentro.
Según testigos, cuando comenzó el incendio un anciano con Alzheimer fue atrapado por el abundante humo, Lalo había ido a su auxilio. Ahí perecieron los dos.
Eduardo, de 44 años, padre de un niño y una niña era también chofer de una empresa de alimentos y estuvo desaparecido por varias horas por lo que su familia pensaba que estaba detenido en alguna comisaría. Un estudio de ADN confirmó, cuatro días después, la compatibilidad de los restos calcinados con la familia. La principal clave de sospecha en este caso radica en que durante los ataques incendiarios simultáneos en la zona metropolitana, sólo llegó un carro de bomberos y ningún cuerpo policial actuó para prevenirlos o contenerlos.
La quema de la ferretería se reactivó sorpresivamente dos días después. Ahí, la gente se juntaba para sacar fierros en camionetas por lo que se deduce, se trató de una trampa en la que cayeron los vecinos, quienes en tiempo real fueron culpados tajantemente en la prensa por el gobierno de incendiar y saquear.
El cuerpo fue llevado al SML. ¿Cómo pongo en duda el resultado? Tengo que creer en ese papel como la verdad absoluta, explica irónicamente Daniel al tiempo que su madre interviene y recuerda que tuvieron que esperar hasta una semana para velar a su hijo.
El largo camino para alcanzar la justicia tiene a la familia entre el análisis de la carpeta y reuniones con un abogado que está llevando el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La desconfianza en la justicia chilena es abrumadora porque saben de antemano que ni siquiera pueden confirmar la verdadera identidad de los restos mortuorios entregados en la caja sellada por el gobierno.
Las reuniones entre familiares de víctimas mortales, al menos en este barrio, no han podido crear un frente común, pues no sólo están acostumbradas a que la impunidad lleva tiempo incubada en la sociedad, también la diversidad de evidencias que dan cuenta de la pérdida de vidas los lleva por otras líneas y caminos burocráticos de investigación. Este es sólo otro botón de muestra del actual contexto de injusticia social por el que atraviesa Chile.
Los casos relevantes de pérdida total de visión de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay ó de la pérdida de un ojo del estudiante de medicina Diego Lastra durante la protesta de año nuevo son parte de los retos del movimiento social para romper el cerco de la injusticia nacional.
El viernes 7 de febrero, la agrupación Músicos de Chile culpó a la policía de incendiar el Museo Violeta Parra y el lunes 3 de marzo durante una protesta en Plaza de la Dignidad, 283 personas fueron reprimidas y detenidas por lo que, previsiblemente, la política de contrainsurgencia continuará en las marchas anunciadas para las próximas semanas. Y aunque el presidente Sebastián Piñera amenazó el primero de marzo en TVN con establecer un nuevo estado de emergencia, las injusticias e impunidad en Chile seguirán alimentando de indignación e insubordinación a las miles de personas movilizadas desde el salar ardiente del norte hasta la Patagonia austral.
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Juan Trujillo Limones es antropólogo y periodista independiente y se lo puede contactar en: xaureme9@outlook.com
