Por Stan Santos
La historia de la inmigración a los Estados Unidos desde el sur es una de migración forzada. Oleadas de inmigrantes huyen de sus hogares para escapar de la violencia y la pobreza causada por siglos de comercio desigual y explotación de sus recursos naturales y humanos. No se detendrá hasta que el público americano lo reconozca, busque la reconciliación y pague reparaciones por los daños materiales y sociales que se han hecho. De lo contrario, la violencia y el movimiento hacia el Norte seguirá sin fin.
Intervención y Represión en Centroamérica
En 1979, los Sandinistas en Nicaragua prevalecieron contra los Somoza Debayle, régimen duró en el poder 45 años con el apoyo de los Estados Unidos. Nicaragua recuperó y ha prosperado: es la democracia más estable de Centroamérica. En El Salvador, el drama de la insurrección contra un ejército atrincherado, suministrado y entrenado por los Estados Unidos fue diferente.
Mientras que el apoyo a la Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y la oposición agarraba fuerza, el gobierno sintió suficientemente seguro para ejercer una represión brutal. En 1980, los militares asesinaron al Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador. Más tarde ese año, los soldados violaron y asesinaron a tres monjas y misionera laica; todas ellas ciudadanas estadounidenses.
Los asesinatos de Maura Clarke, Ita Ford, Ursulinas Dorothy Kazel, y Jean Donovan, provocaron la suspensión por el Presidente Jimmy Carter de $7 millones en asistencia, aunque más tarde lo reinstauraría. Su sucesor, el Presidente Reagan aumentaría la ayuda militar a el Salvador.
En 1989, elementos de la División Atlacatl, entrenados en la Escuela de las Américas por EE. UU., asesinaron a seis sacerdotes jesuitas, la doméstica y su niña en la Universidad Centroamericana. Regaron la hierba con el cerebro del rector. Estas brutales acciones y la muerte de más de 75,000 salvadoreños serian el principio del fin de 12 años de guerra. Los acuerdos de paz fueron firmados en 1992. Sin embargo, las memorias y el trauma de la sangrienta guerra civil permanecen como heridas abiertas.
En Guatemala, el Presidente Jacobo Árbenz fue electo en 1951 y tomó tierras ociosas del control de la compañía United Fruit, que sacaba un promedio anual de $65 millones en ganancias. A pesar de ser compensado por las tierras, United Fruit presionó los E.E.U.U. para derrocar a Árbenz. En 1954, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia llevó a cabo una operación encubierta y envió a Árbenz al exilio. Según se informa se suicidó en México.
Pero las aspiraciones de los campesinos y pobres no serían suprimidas y se produjo una guerra civil que duró desde 1960 hasta 1996 y costó la vida de más de 200.000, la mayoría de las comunidades indígenas.
Huyendo de Honduras
En 2009, el presidente de Honduras, José Manuel Zelaya fue sacado por un golpe de estado violento apoyado por Estados Unidos. El Presidente Barack Obama, dijo: “Creemos que el golpe no fue legal, y que el presidente Zelaya sigue siendo el Presidente de Honduras, el presidente elegido democráticamente allí”. Dijo, además: “sería un precedente terrible si empezamos a retroceder a la época en la que veíamos a golpes militares como un medio de transición política, en lugar de elecciones democráticas”.
Desgraciadamente, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, se negó a declarar la acción un golpe de estado, lo que permitió la continuación de asistencia al nuevo régimen. Zelaya fue reemplazado por nombramiento y eventualmente un nuevo presidente fue electo. Juan Orlando Hernández, gano la presidencia de nuevo en 2017, en violación de la Constitución y a pesar de actos ilegales en el conteo de los votos.
Según Los Ángeles Times, “…el gobierno de Hernández es uno de los más autoritarios del hemisferio. Su récord de derechos humanos es deplorable. Decenas de periodistas y activistas de derechos humanos, entre ellos la activista indígena` Berta Cáceres, han sido asesinados, casi siempre con impunidad.”
En las últimas semanas los medios de comunicación han sido bombardeados por tweets y pronunciamientos que una “enorme caravana” de refugiados de Honduras estaba “marchando a la frontera con Estados Unidos”.
“Cerca del 80% de los refugiados son de Honduras. Muchos dijeron que huían de la pobreza, pero también disturbios políticos y violencia desde el juramento del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, después de una elección muy dudosa el año pasado. El grupo se rompe a menudo en cantos de “¡Fuera JOH!” También cantan “no somos inmigrantes, somos trabajadores internacionales” y “el pueblo unido jamás será vencido.”-BuzzFeed
¿Qué es el TPS?
Estatus de Protección Temporal fue establecido por el Congreso bajo la Ley de Inmigración de 1990 y se extendió a los salvadoreños tras una serie de desastres naturales en la región. El estatuto federal incluye las personas de países donde, “existe un conflicto armado dentro del estado y, debido a ese conflicto, el regreso del exterior de nacionales de ese estado a ese estado (o a la parte del estado en conflicto) representan una seria amenaza contra su integridad física…”
También incluye países donde “ha habido un terremoto, inundación, sequía, epidemia u otro desastre medioambiental” y “el Estado extranjero no puede, temporalmente, manejar adecuadamente el retorno al estado de extranjeros que son nacionales del estado”. El TPS se aplicó a casi una docena de países, entre ellos el Salvador, Honduras y Nicaragua.
A través de los ojos de un inmigrante
Un joven salvadoreño, le dijo a Alianza Comunitaria que vino a los EE.UU., “… por la razón que en nuestro país no tenemos futuro. El Salvador es muy violento debido a las pandillas. Los jóvenes están constantemente amenazados si no quieren pertenecer a la pandilla. Muchos de los que no quieren pertenecer a las pandillas son desaparecidos, y sus familiares nunca descubren su paradero. Esa es la razón por la que buscamos la oportunidad de vivir aquí. Por eso mi madre me hizo venir a los Estados Unidos.”
Su visa se vence en octubre, junto con la de su mamá.
Un hondureño de 30 años informó a Alianza Comunitaria, “Yo vengo de una región en el norte, donde hay muchas ocupaciones de tierra y violencia. Desde el golpe de estado, todo el mundo sabe que los ricos querían derrocar a Zelaya; porque estaba ayudando a los pobres. Por eso lo sacaron.”
“La mayoría de la gente están en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández, porque él y su familia están con los ricos. La única razón por la que Juan Orlando es presidente es porque él fue apoyado por los Estados Unidos. La elección fue robada.”
“Zelaya apoyó al MUCA (Movimiento Unido Campesino de Aguan) y les dio tierra. El hombre más rico de Honduras, Miguel Facusse se aprovechó de la gente por su pobreza y les dio pequeñas cantidades de dinero por sus parcelas. Cuando se dieron cuenta que fueron engañados, querían recuperar sus tierras.”
“Entonces es cuando empezaron las matanzas…en el área donde vivo, debido a las ocupaciones de la tierra.”
“Mataron a Berta Cáceres porque era líder de COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) en La esperanza, en el Departamento de Intibucá. Luego mataron al Presidente de MUCA, José Ángel Flores, y otro líder campesino, Silmer Dionisio George.”
El entrevistado vino a Estados Unidos después de la muerte de un compañero y amenazas contra su vida. Luego mataron al hermano y dejaron claro que lo buscan. En estos momentos necesita un abogado para su caso de asilo.
Conclusión: La extensión de TPS queda en manos de la Administración Trump, que tendría que obligar al Procurador General a certificar que las condiciones existen en el país de origen para justificar la continuación de protección. Aunque no es una tarea imposible, presenta un reto desafiante para activistas frente el clima político y el equilibrio de poder.
En estos momentos, la Administración Trump está considerando extender el TPS a aquellos que quieran salir de Venezuela, un gobierno que está en la mira de los Estados Unidos para un “cambio de régimen”.
Correo de Stan Santos: Alianzadefresno@gmail.com
