Por Jenny Manrique
Por generaciones la familia de Leydy Rangel ha trabajado en los campos de California: sus padres, hermanos, tíos y primos han hecho por décadas la difícil y calificada labor necesaria para mantener a Estados Unidos alimentado.
Ella misma estuvo recogiendo cebollas y fresas desde los 13 años para poder pagarse la universidad. Desde que llegó al país a sus 8 años, es la primera vez que tiene esperanza de que una reforma, aprobada hasta ahora en la Cámara de Representantes, pueda cambiar sus estatus de indocumentados y reconocerles lo esenciales que han sido para la sociedad.
“Los productores dicen que necesitan una fuerza laboral estable y los trabajadores agrícolas indocumentados necesitan un estatus legal”, dijo Rangel, quien hoy trabaja como gerente nacional de comunicaciones del Sindicato de Campesinos (UFW en inglés), durante una conferencia organizada por Ethnic Media Services.
“Es por eso que en 2019, después de meses muy largos de negociaciones complejas pero meditadas entre los legisladores de ambos partidos, la UFW, los trabajadores agrícolas unidos y la mayoría de las asociaciones de productores del país, se creó la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola”.
La HR1603 fue aprobada el pasado 18 de marzo en la Cámara con 247 votos a favor —incluidos 30 republicanos— y 174 en contra. Busca dar un camino hacia la residencia legal y a la ciudadanía a cerca de 1.1 millón de trabajadores que se estima están indocumentados en los campos del país. Cobijaría a quienes certifiquen 180 días de trabajo agrícola durante los dos años anteriores al 8 de marzo de 2021 y pasen una verificación de antecedentes penales. El estatus tendrá una vigencia de cinco años y medio y podrá prorrogarse.
El proyecto también modifica la visa H2A a una visa agrícola temporal para futuros trabajadores. Asimismo les garantiza un número mínimo de horas de trabajo independiente del clima y otras circunstancias atenuantes, y les ajusta el salario. Sus familiares inmediatos también podrían solicitar ese permiso de trabajo y así protegerse de la deportación.
“Durante la pandemia, los trabajadores agrícolas han sido más vulnerables que nunca, con más riesgo de contraer COVID debido a la realidad de su transporte, sus viviendas abarrotadas, y el viaje compartido al lugar de trabajo”, añadió Rangel, quien es una beneficiaria de DACA.
“Con estatus legal y camino a la ciudadanía, los trabajadores agrícolas tendrán herramientas para enfrentar serios problemas laborales y abusos”, como la protección contra pesticidas, el pago por condiciones de vida peligrosas y normas básicas para protegerse de altas temperaturas.
DACA, TPS y DED
El otro proyecto de ley aprobado también el 18 de marzo en la Cámara fue la propuesta HR6, conocida como la Ley De Sueños y Promesas 2021. Con una votación de 228 a 197 —con 9 republicanos a favor— busca proporcionar alivio de la deportación a aproximadamente 2,7 millones de personas, beneficiarias de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), titulares de TPS (estatus de Protección Temporal) y DED (Salida Forzada Diferida), y los hijos de DALCA (Acción Diferida para los Arribos Legales en la Niñez), quienes son dependientes de trabajadores extranjeros altamente calificados, que pierden su estatus una vez que cumplen 18 años.
HR6 otorgaría el estatus de residente permanente condicional durante 10 años a quienes tenían 18 años o menos al momento de entrar, y hayan estado físicamente presentes de manera continua en EE.UU. desde el 1 de enero de 2021.
“Deben aprobar una verificación de antecedentes y completar sus programas educativos, el período de servicio militar o estar empleados”, explicó Theresa Cardinal Brown, directora gerente de política de inmigración y transfronteriza en el Centro de Política Bipartidista.
“Aquellos que reciban una cancelación de deportación bajo el estatus de TPS o DED, serían elegibles para residentes permanentes dentro de los tres años de la fecha de promulgación (de la ley)” añadió. Según estimaciones del Instituto de Políticas de Migración, hasta 3 millones de personas con estos dos alivios migratorios, califican.
Patrice Lawrence, co-directora de la red UndocuBlack, recordó que los alivios de TPS y DED cobijan a nacionales de 13 países, de los cuales 9 de ellos tienen una mayoría de población negra.
“Es realmente importante que hagamos esto (aprobar la ley) si estamos diciendo que creemos en alguna forma de justicia racial”, dijo.
En el caso de los trabajadores que llegaron al país con una visa laboral que les permitía legalizar a sus hijos una vez que obtuvieran su residencia permanente, los retrasos en los casos en los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS en inglés) han causado que estos niños alcancen su mayoría de edad, lo que los convierte en inelegibles para su estatus de dependiente.
“Después de todos esos años de espera, los padres llenan una nueva petición pero el hijo ya tiene 21 años… ahora tienen que esperar otros 10 años porque ellos ya perdieron su cita prioritaria (por la edad)”, explicó Brent Renison, abogado y asesor global de inmigración.
“Debido a las ineficiencias, la propia agencia (USCIS) ha dejado de emitir más de 400.000 visas a lo largo de los años… En esta categoría están los casos de las visas familiares, (México y Filipinas tienen los mayores tiempos de espera) y las visas de trabajo (India y China encabezan esta lista). “Todos ellos necesitan ser protegidos por la HR6”.
Batalla en el Senado
La verdadera batalla de HR1603 y HR6 no obstante está en el Senado, donde los proyectos de ley requieren una mayoría de 60 votos para aprobarse y los demócratas necesitan reclutar los votos de al menos 10 republicanos.
Ambos proyectos deberían superar las limitaciones de una división 50/50 en el Senado, que sería desempatada con el voto que tiene la vicepresidenta Kamala Harris, si el proyecto es considerado bajo una maniobra especial de presupuesto conocida como “reconciliación”.
Para HR1603 no hay aún un proyecto ley complementario directo en el Senado y para HR6, la legislación más cercana es el Dream Act 264, reintroducida en febrero por el senador Dick Durbin, demócrata de Illinois, y co-patrocinada por el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur.
“Ese proyecto de ley tiene algunos requisitos más estrictos que HR6 y no cobija a los los titulares de TPS o DALCA. Se estima que podría cubrir a unos 2 millones de soñadores”, explicó Cardinal Brown.
Pero el mismo senador Graham ha dicho que no cree que el proyecto de ley pueda aprobarse hasta que la situación en la frontera con los niños no acompañados se aborde. En marzo la migración en la frontera sur se disparó a 172,000 personas según datos de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU (CBP en inglés). Cabe aclarar que tanto HR1603 como HR6 benefician a inmigrantes que se encuentran dentro del territorio estadounidense y no a quienes están llegando por la frontera sur.
“Podemos hacer ambas cosas y debemos hacer ambas cosas”, dijo José Alonso Muñoz, gerente nacional de comunicaciones de United We Dream. “Podemos tratar a las personas en la frontera con dignidad, especialmente cuando vienen a buscar asilo, y podemos abordar el problema de décadas que tiene a millones de personas que viven sin apoyo, debido a COVID 19 se quedan sin salud, o no tienen los salarios que se merecen”.
Muñoz llegó a Estados Unidos con apenas unos meses de nacido y ha vivido indocumentado por 30 años. Al recibir DACA pudo obtener un permiso de trabajo, una licencia de conducir y terminar la universidad. Si bien esto alivió parte del temor de ser potencialmente detenido y deportado, en los últimos 4 años siente que ha vivido de “tribunal en tribunal, incluso después de que la Corte Suprema frustrara los planes de la administración Trump de poner fin a DACA en junio”.
Y es que el programa DACA, que hoy día beneficia a unas 600,000 personas, sigue estando en riesgo en un tribunal en Texas que podría fallar en cualquier momento sobre su legalidad.
“En las últimas semanas, los jóvenes inmigrantes de United We Dream han tomado medidas en Florida y en Texas, para exigir a senadores como Marco Rubio y John Cornyn que apoyen la rápida aprobación de estas leyes”, dijo Muñoz.
Según datos del centro de investigación Pew, 74% de los estadounidenses apoya otorgar protección a los soñadores y según una encuesta de FOX News, ese número llega al 60%. La opinión pública es determinante en los distritos y los estados donde se juegue la reelección de representantes y senadores si hay contendores en las primarias.
Pero en las discusiones en el Senado, las prioridades pueden ser otras. Según el abogado Renison, para legislaciones tan “amplias” es muy difícil “depender de los republicanos”, a menos que se haga “una reforma del filibustero”, una figura que requiere que 60 miembros terminen el debate sobre la mayoría de los temas antes de pasar a una votación.
Joseph Villela, director de política y defensa de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA en inglés) cree que aunque es impredecible si 10 senadores republicanos apoyaran estas reformas, ambos partidos confían en alguna forma de avivar sus bases cuando se trata de inmigración.
“Si el Partido Republicano quiere cambiar potencialmente la marca que tuvo bajo Trump, esta es la oportunidad para que brinde alivio a los inmigrantes y se deshaga de esa etiqueta que tienen de ser un partido que sirve a las organizaciones nacionalistas blancas y las organizaciones racistas”, dijo Villela.
“También instamos a la mayoría demócrata a usar todas las herramientas que potencialmente tienen como adjuntar cualquier alivio de inmigración a un proyecto de ley de infraestructura o reformar el obstruccionismo… Hay que considerar una verdadera reconciliación”, puntualizó.
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Jenny Manrique es Editora Asociada de Ethnic Media Services.
