“Ha habido seguimientos de civiles en contra de mi familia antes y después del atentado contra mi hermano, entonces eso fue algo premeditado, entendemos que es un crimen de Estado”, sentenció Sidssy Uribe Vázquez, hermana de Lucas Villa Vázquez, quien la noche del 5 de mayo recibió 8 balazos por un motociclista vestido de civil en el Viaducto César Gaviria de la ciudad de Pereira, ubicada en la región montañosa al oeste del país.
Durante 9 días, desde el 28 de marzo, día en el que irrumpió la revuelta social contra la reforma tributaria en Colombia a través del paro laboral nacional, Lucas, un joven estudiante de Ciencias del Deporte y Recreación de la Universidad Tecnológica, se manifestaba con libertad en las movilizaciones populares pacíficas. “Además de su visión de abrir conciencias, a través de la pedagogía, comedia, teatro, música y el baile, podía tocar los corazones de las personas. Trataba de generar consciencia en el ámbito político y social”, explica Sidssy desde Pereira.
La reforma tributaria que el gobierno del presidente Iván Duque propuso consistía en aumentar drásticamente los impuestos a servicios básicos como agua, luz, electricidad, incluso funerales —¡en plena pandemia! Los trabajadores y hasta miembros de la clase media reaccionaron e iniciaron las protestas que se replicaron en todo el país y que mas tarde desembocó en una huelga nacional.
Y mientras la respuesta del gobierno a la protesta social ha sido la militarización de ocho estados y 13 ciudades del país a través del decreto 575, en los hechos la vía de intervención sigue siendo la violencia y la represión despiadada por parte del Ejército y la policía a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). La atención internacional se centra en la visita y reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sidssy es también pintora y escultura y afirma que tres días antes del homicidio de Lucas, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, había incentivado públicamente a los empresarios para que formaran “frentes comunes de protección” para armarse y “defenderse” de los jóvenes “vándalos”. “Por eso estábamos muy preocupados, había un ambiente de zozobra y de tristeza entre la población, pero mi hermano era consciente de que había que marchar, había que seguir, sino, íbamos a vivir en esa violencia y asesinatos”.
Un día antes del ataque, Lucas había participado en una asamblea estudiantil en su universidad, durante ese día otro hermano de la familia había sido vigilado por un hombre vestido de civil. Ese 5 de abril continuaban la marchas pacíficas del paro nacional en Pereira. Lucas y otra de sus hermanas se encontraban en una de ellas. Según el testimonio, por la tarde llegó la policía y el ESMAD comenzó a disparar gases lacrimógenos. “Llegó al punto en el que se quedó solo, como una hora antes de que ocurriera todo”.
La familia de Lucas, como muchos en el movimiento, sabía de la peligrosidad y riesgo de marchar en el país. Una situación que le está costando la vida a los jóvenes, indígenas e incluso periodistas. Con voz firme dice: “No podíamos permitir que esas cosas nos amedrentaran porque había que sacar más gente y darle más valor a las personas, porque sólo así se puede hacer un cambio”.
La indignación e insubordinación de los jóvenes se incrementó días previos al día 5 como explica Syddsy. El viaducto de Pereira, es una vía de comunicación también para la gente que se moviliza: ahí automovilistas simpatizantes con la revuelta pasaban y entregaban pan y refrescos a los jóvenes.
Durante las movilizaciones de protesta en Colombia ha existido cierta vigilancia protocolar de la policía durante el día. Sin embargo, al caer la tarde en la zona del viaducto no había ninguna presencia oficial. Tampoco el camión de policía que generalmente se instala en una de las esquinas. Lucas estaba conversando con un indigente en ese punto del Viaducto, el alumbrado público estaba apagado. Testigos afines a la familia Vázquez afirman que durante esos minutos apareció la luz morada de un láser que apuntó a Lucas; además apareció un automóvil que proveyó de refrigerios a un grupo de manifestantes y otra sospechosa camioneta con placas ZRK453. Minutos después, un motociclista apareció por la espalda de Lucas, le gritó groserías, le disparó en 8 ocasiones y huyó a toda velocidad. Al menos otros dos jóvenes fueron heridos en ese momento. El asesinato, cuya denuncia se oficializó el 7 de junio en la Fiscalía Nacional, sin duda tiene la intención de inyectar terror a los jóvenes que participan en la revuelta.
La huelga en Colombia continúa con protestas en varias ciudades y está liderada por el Comité del Paro Nacional mientras el gobierno central ha demostrado poca voluntad de dialogar. El caso de Lucas es ya emblemático y simbólico tanto para el movimiento social como para la justicia y la denuncia. Eisenhower Zapata, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas, expuso que “hay una fuente de la misma Policía Nacional-Seccional de Investigación Criminal, que está dispuesta a decir cómo se cometió el crimen en una alianza entre microtráfico (de drogas) y agentes del mismo Estado” (Wradio 9/06/21). La posible participación directa de la fuerza de seguridad sugiere como hipótesis lo que la familia materna de Lucas sostiene: que fue un crimen de Estado. La Misión de Solidaridad Internacional de Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch han documentado numerosas muertes cometidas directamente por la policía, así como violentas golpizas, desapariciones, abusos sexuales y detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes. El gobierno de Iván Duque insiste en la represión y la criminalización de la protesta social. Las acciones de los grupos de civiles armados en una perversa amalgama con poderes locales, fomentan mayor violencia. La dignidad por la que la juventud lucha, da pie a una prolongada y tenaz resistencia que previsiblemente precipita la crisis del sistema político del Estado.
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Juan Trujillo Limones es periodista periodista y antropólogo mexicano, su contacto es: xaureme@protonmail.com
