(Nota del editor: Esta nota fue publicada originalmente por CalMatters, una organización no-lucrativa de noticias).
California comenzará a pagar por ayuda legal para temas de inmigración para trabajadores agrícolas indocumentados que estén involucrados en investigaciones estatales de robo de salarios u otras violaciones laborales, anunció esta semana la oficina del gobernador Gavin Newsom.
El programa piloto de $4.5 millones proporcionará a los trabajadores agrícolas que califiquen referencias para obtener ayuda legal con su estatus migratorio.
Se cree que aproximadamente la mitad de la población de trabajadores agrícolas de California es indocumentada. El miedo a la deportación y las dificultades para encontrar trabajo pueden desanimar a los trabajadores a presentar denuncias laborales o servir como testigos en casos que alegan problemas como temperaturas inseguras en el lugar de trabajo, robo de salarios o represalias del empleador por sindicalizarse, dijeron las autoridades.
“Los trabajadores agrícolas son la columna vertebral de nuestra economía, y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras los malos actores usan la amenaza de deportación como una forma de explotación”, dijo Newsom en un comunicado de prensa. “En ausencia de que el Congreso modernice nuestro sistema de inmigración roto y obsoleto, California continúa nuestros esfuerzos para apoyar a las familias inmigrantes”.
Las investigaciones laborales estatales sobre el robo de salarios y otras infracciones a menudo tardan años en resolverse, reveló una investigación de CalMatters el año pasado. A veces los trabajadores abandonan sus procesos.
Respetando los derechos de los inmigrantes
Los trabajadores agrícolas en investigaciones laborales que califiquen para el nuevo programa estatal recibirán una referencia directa a organizaciones de servicios legales que ya ofrecen servicios de inmigración, como la Junta de Acción Comunitaria del Condado de Santa Cruz o la Fundación de Trabajadores Agrícolas Unidos, que hablaron a favor del programa.
Los servicios legales gratuitos que recibirían los trabajadores incluyen revisión de casos, asesoramiento legal y representación por parte de un abogado, según la oficina de Newsom.
“Ahora es el momento de asegurarnos de que los derechos laborales de los inmigrantes se mantengan y respeten”, dijo María Elena De La Garza, directora ejecutiva de la Junta de Acción Comunitaria del condado de Santa Cruz. “Felicitamos al estado por apoyar este programa piloto, que ayudará a garantizar que los servicios legales estén disponibles y accesibles a través de asociaciones con organizaciones comunitarias confiables en todo California”.
Los funcionarios estatales no respondieron preguntas sobre cuándo comenzaría el programa este año, con qué organizaciones comunitarias se asociaría o cuántos casos se espera que procese el programa piloto.
El financiamiento para el programa piloto provendrá de los $45 millones que el estado asigna anualmente para los servicios de inmigración del Departamento de Servicios Sociales de California, dijo Erin Hickey, vocera de la Agencia de Desarrollo Laboral y de la Fuerza Laboral de California. El estado todavía está completando contratos con proveedores de servicios de inmigración seleccionados, dijo.
Deportación diferida
Los funcionarios estatales dijeron que el programa piloto se alinea con una nueva política de la administración Biden que facilita que los trabajadores indocumentados que son víctimas de violaciones de los derechos laborales soliciten una acción diferida de deportación. Debido a que el Departamento de Seguridad Nacional federal no puede responder a todas las infracciones de inmigración, ejerce la “discreción procesal” para decidir a quién tratar de deportar.
Los funcionarios estatales dijeron que no solicitarán el estatus migratorio de los trabajadores, pero los no ciudadanos a los que se les otorgó esta acción diferida pueden ser elegibles para una autorización de trabajo.
“La Oficina del Comisionado Laboral del Departamento de Relaciones Industriales… fue la primera agencia estatal en solicitar una acción diferida del DHS para los empleados en una investigación activa, y esa solicitud fue exitosa”, dijo Hickey. “Este es un proceso importante que deben tener en cuenta los trabajadores indocumentados”.
Una persona de contacto asignada al programa piloto ayudará a conectar a los trabajadores agrícolas con los proveedores de servicios legales. Otras agencias laborales estatales ya tienen personal que trabaja con funcionarios federales de inmigración en casos de discrecionalidad procesal.
La asambleísta Esmerelda Soria, demócrata de Merced y nueva presidenta del Comité de Agricultura de la Asamblea, dijo que esta es una forma bienvenida de garantizar que los trabajadores agrícolas entre sus electores del Valle Central no sean explotados. Aunque otras organizaciones que sirven a los trabajadores agrícolas brindan tipos similares de asistencia legal, dijo, la financiación rara vez se ajusta a la necesidad.
“Creo que en ausencia de una reforma migratoria integral, California reconoce que tenemos un sistema que no funciona”, dijo Soria a CalMatters. “Especialmente en la región que represento, los trabajadores agrícolas son realmente la columna vertebral de una de las economías agrícolas más grandes del país”.
