Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 100.000 japoneses-estadounidenses fueron detenidos por las autoridades estadounidenses y colocados en campos de concentración por todo el país. El gobierno argumentó que podían actuar en solidaridad con la tierra de sus antepasados, tal vez como espías o realizando actos de sabotaje. Ninguna de estas acusaciones fue jamás probada. Sin embargo, familias enteras fueron enviadas a los campos durante años, perdiendo en muchos casos todas sus propiedades o valores.
Todas las instituciones estadounidenses apoyaron este comportamiento, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos, y las pocas voces que se oponían fueron silenciadas o ignoradas.
Los “otros” japoneses que fueron encarcelados.
Pero si el encarcelamiento de descendientes de japoneses en Estados Unidos fue escandaloso, el secuestro y la detención de japoneses en el extranjero fue un acto extraño, ilegal e inmoral de arrogancia imperial por parte de Estados Unidos.
Más de 2.300 personas de origen japonés fueron secuestradas y enviadas a campos de concentración en Estados Unidos. Más del 80% de ellos eran del Perú.
La inmigración japonesa al Perú comenzó a principios del siglo XX. Cientos de hombres cruzaron el océano en busca de un futuro mejor. Trabajaron duro, iniciaron negocios y formaron familias.
Pero no sabían que alguien los estaba vigilando. Y cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en el objetivo de Estados Unidos.
Washington presionó a la mayoría de los países latinoamericanos para que cooperaran con un plan de “control” de ciudadanos o descendientes de inmigrantes pertenecientes a países en guerra con Estados Unidos y sus aliados: Alemania, Italia y Japón, el “Eje”. El plan incluía el arresto de algunos de ellos y su envío a Estados Unidos.
Si bien este plan comenzó en Panamá, fue en Perú donde tuvo un fuerte impacto: allí la comunidad japonesa era la más grande de América Latina. En Perú la discriminación y el racismo contra los japoneses eran rampantes. A mediados de la década de 1930, el país prohibió la inmigración procedente de Japón y posteriormente prohibió a todos los japoneses recién llegados convertirse en ciudadanos del Perú. Durante la década de 1940, varias empresas propiedad de descendientes de japoneses fueron atacadas, así como algunas personas.
Este ambiente racista ayudó a Estados Unidos a planear el arresto de japoneses en Perú y enviarlos a campos de concentración.
Estados Unidos sabía que la guerra también se libraba en América Latina, por lo que presionó a esos países para que se unieran a un acuerdo de seguridad, que estaba controlado por Estados Unidos. Este acuerdo incluía el arresto de personas “sospechosas” de (o descendientes de) países en guerra con Estados Unidos. Este acuerdo enmarcó la “legalidad” del espionaje estadounidense y el arresto de personas sospechosas. Los países latinoamericanos que cooperaron fueron Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana.
“Cuando vivía en Guatemala, escuché historias sobre alemanes que fueron enviados a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde también escuché sobre japoneses de otros países latinoamericanos que pasaron por la misma experiencia”, dijo Mary Jo McConahay, periodista del área de la Bahía y autora de un libro bien documentado sobre cómo Estados Unidos “luchó” durante la Segunda Guerra Mundial en América Latina, una guerra que implicó secuestros de alemanes, italianos y descendientes de japoneses. El libro The Tango War es una lectura obligada para comprender esta parte poco conocida de la historia moderna de Estados Unidos.
“Los japoneses en América Latina, en su mayoría de Perú, fueron secuestrados por la División de Problemas Especiales de Guerra del Departamento de Estado, bajo un programa secreto llamado ‘Pasajes Silenciosos’, dijo McConahay. “Era un programa para capturar gente por la fuerza con la justificación de que ‘no necesitamos una Quinta Columna’. Además, América Latina era una zona importante de recursos para los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial (minerales, alimentos, etc), y EE.UU. no queria que el ‘Eje’ les ponga las manos encima.
“En tal contexto, el gobierno de EE.UU. estaba preocupado por el supuesto espionaje japonés a favor de su tierra original. No había evidencia de esto y, peor aún, esos ciudadanos ya ni siquiera tenían conexiones con Japón.
“Esa fue la ‘razón’ para justificar los secuestros. Pero la verdadera razón fue que los alemanes y los japoneses eran buenos “clientes”. Algunos de ellos eran miembros destacados de sus comunidades y empresarios exitosos”.
Después del ataque a Pearl Harbor, en 1939, Perú rompió relaciones diplomáticas con el “Eje” (Alemania, Italia y Japón) y ordenó el arresto de algunos líderes de la comunidad japonesa (la lista fue preparada por la inteligencia estadounidense). Estados Unidos compensó a Perú con asistencia militar y abrió una base militar allí. Es más, el gobierno peruano cerró escuelas y periódicos japoneses.
Los arrestados fueron enviados a EE.UU. en barcos en viajes que podrían durar semanas. A su llegada, les quitaron sus documentos, los interrogaron, los rociaron con DDT y los enviaron a un campo de concentración. La mayoría de los japoneses de América Latina fueron enviados al campo de Crystal City, en Texas, un antiguo campo de trabajo que albergaba a braceros mexicanos que cosechaban espinacas. Las condiciones de vida eran deplorables, en algunos casos 80 personas compartían una pequeña barraca con un solo baño. Los japoneses fueron separados de los alemanes detenidos.
Si bien el Departamento de Estado justificó estos encarcelamientos como parte de la seguridad del país, en realidad Washington quería tener suficientes detenidos japoneses para intercambiarlos con prisioneros estadounidenses por parte de Japón; en 1942, el Departamento de Estado estimó que 3.300 estadounidenses estaban bajo control japonés en Asia. Ese mismo año, más de 1.000 japoneses latinoamericanos fueron enviados a Japón como parte del intercambio de prisioneros.
“‘Quiet Passages’ era un programa dedicado a conseguir japoneses que pudieran ser intercambiados por prisioneros estadounidenses. Necesitaban JAPONESES”, explica McConahay por teléfono durante una entrevista con Community Alliance.
“Los japoneses-estadounidenses no eran lo suficientemente buenos para este intercambio, en parte porque ya estaban encarcelados. Entonces necesitan “otros” japoneses. Y los encontraron en América Latina, particularmente en Perú.
“Los sacaron de sus casas, de las calles… Hubo oposición, hubo voces de resistencia a este programa dentro del gobierno de EE.UU. Personas que pensaban “esto no está bien, no parece legal, o al menos ético”. Pero fueron silenciadas.
“También hay un componente racista en este plan. Estados Unidos siempre consideró a América Latina como “nuestro patio trasero”. Así que a Washington no le importaron mucho las posibles críticas desde el sur de la frontera.
“Los japoneses peruanos fueron enviados en barcos pesqueros, algunos de ellos pertenecientes a una empresa pesquera de Alaska. Debido a la guerra, el gobierno estadounidense pudo apoderarse de este tipo de embarcaciones. No eran barcos lujosos, sino malolientes y abarrotados”, dijo McConahay.
“Y la vida diaria en el campamento, en Texas, era muy difícil. Hormigas rojas, alacranes, pases de lista tres veces al día…
“Un testimonio de una persona encarcelada en el Campamento Crystal City mencionó que una vez ayudó a colocar el cuerpo de un hombre muerto fuera del campamento. Irónicamente, afirmó, “era extraño sentir libertad gracias a una persona muerta”.
No todos los países cooperaron con los EE.UU.
“El gobierno peruano estaba dispuesto a cooperar con EE.UU, pero otros gobiernos no lo hicieron. México, bajo Ávila Camacho, se negó a cooperar con Estados Unidos. Y allí no se establecieron bases militares, dijo McConahay.
“Hablé con algunos mexicanos de origen japonés que todavía se sienten agradecidos. Sin embargo, el gobierno mexicano expulsó a los japoneses de la costa del Pacífico y de la frontera entre Estados Unidos y México.
“Argentina tampoco cooperó. No estoy seguro de si Washington se acercó al gobierno argentino. Sin embargo, Juan Perón era el presidente en ese momento y tenía simpatías fascistas”.
La guerra terminó
Cuando terminó la guerra, en 1945, EE.UU. no sabía qué hacer con los japoneses latinoamericanos encarcelados. Perú no los quería. Después de largas negociaciones, algunos fueron enviados a Japón y un puñado de regreso a Perú.
Antes del final de la guerra, un grupo de unos 300 japoneses fueron enviados a trabajar a un campo de trabajo en Nueva Jersey. Aunque las condiciones de trabajo eran malas, al menos eran libres y les pagaban.
No fue hasta 1953 cuando el Departamento de Estado—sin opciones—aceptó otorgar residencia a aquellos japoneses de América Latina que quedaron en el país.
En la década de 1980, el gobierno de EE.UU. reconoció su responsabilidad por el encarcelamiento de japoneses-estadounidenses durante la guerra y emitió una disculpa y les otorgó una compensación. Sin embargo, los japoneses latinoamericanos no fueron incluidos en esta reparación.
Secuestro ilegal de ciudadanos extranjeros, una comportamiento actual
Estados Unidos utiliza continuamente la excusa de proteger al país de ataques extranjeros para perseguir un comportamiento militarista agresivo. Después del ataque del 11 de septiembre de 2001, la administración de George W. Bush implementó un programa de secuestro de ciudadanos extranjeros en todo el mundo. Esos ciudadanos, sospechosos de “actividad terrorista”, fueron enviados a EE.UU. y luego a la base de Guantánamo. Algunos de ellos aún permanecen en cautiverio, sin cargos ni proceso legal orientado a esclarecer su situación jurídica. Simplemente fueron clasificados como “terroristas”.
No hace falta decir que la invasión de Irak, como venganza por el ataque del 11 de septiembre, fue completamente ilegal. Es sospechoso que la Corte Internacional de Justicia no acuse a ningún presidente de Estados Unidos de criminal de guerra.
El hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial y después del ataque del 11 de septiembre de 2001 se produjeran secuestros ilegales en todo el mundo es un tema muy delicado y complicado sobre el que los activistas estadounidenses deberían alertar a nuestra sociedad.
Ningún país debería estar por encima del derecho internacional. Ningún ciudadano de ningún país debería temer por su seguridad, independientemente de su opinión política.
