Libertad Bajo Palabra
Al final de cuentas los políticos políticos son. No pierden su naturaleza. Casi siempre anteponen sus intereses personales a los del grupo de colegas con quienes se supone comparten ideales, pero sobre todo por encima de los intereses de la gente a la que habrán de gobernar.
Seguramente para cuando este texto llegue a sus manos, en México las dos fuerzas políticas dominantes ya habrán definido sus ‘candidatos a ser candidatos’ a la presidencia del país.
Y disculpe la redundancia, no es broma ni error de dedo, sino que por razones de índole de legalidad electoral, los contendientes no son todavía candidatos presidenciales, aunque lo sean; sus actos proselitistas no son aun actos de precampaña, aunque lo sean. Así que por ahora han recurrido a esos típicos eufemismos tan utilizados en la política.
Por ejemplo, una vez terminado su respectivo proceso de selección interna, el ganador o ganadora del bloque que hoy gobierna, se convierte en el coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Dicho grupo lo conforman MORENA, partido del presidente, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Mientras que por la oposición, el título otorgado a la persona ganadora dentro de su propio proceso, es el de coordinador o coordinadora del Frente Amplio por México, coalición entre los partidos PRI, PAN y PRD.
Después, cuando los tiempos y leyes electorales lo permitan—en noviembre para ser exactos—pasarán a ser, ahora sí, candidatos presidenciales. Asimismo, podrán llamar a las cosas por su nombre; es decir, debates y no foros públicos; precampañas y no procesos internos; actos proselitistas para pedir el voto y el respaldo popular y no actividades ordinarias de los partidos.
Según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) las precampañas rumbo a la presidencia en 2024 deben arrancar hasta noviembre de 2023.
Pero las reglas se las pasaron por el arco del triunfo y tanto el Consejo Nacional de Morena como el Frente Amplio por México anunciaron desde junio sus métodos internos para elegir a sus coordinadores, adelantándose por lo menos unos cinco meses.
Todos contra todos
Desde que se agitó la bandera de salida, los aspirantes, hablemos ya sin eufemismos, a convertirse en candidatos a la presidencia de México, se enfrascaron en sendas trifulcas verbales, demostrando que eso de unidad y deseos del bienestar común por encima del propio es pura falacia.
Todos querían llegar a como diera lugar a su primera meta: ser el candidato o candidata de su respectivo movimiento, aunque para ello tuvieran que dar golpes bajos a sus compañeros de partido o coalición.
Y fue Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores, quien lanzó la primera piedra acusando a Claudia Sheinbaum de “acarreos nunca antes vistos” y de beneficiarse de los favores de agencias del Estado para promover su imagen.
Hasta ese entonces Sheinbaum lideraba las encuestas y se decía era la preferida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos catalogaron las declaraciones de Ebrard como un intento estratégico para desacreditar a su principal oponente pues él mismo se asumía, junto a Sheinbaum como los únicos con posibilidades de ganar estas elecciones.
Cabe destacar que utilizar recursos del Estado es un delito y de haberse comprobado pudo haber dejado fuera de contienda a la principal candidata morenista.
Aunque Ebrard decidió no realizar la denuncia ante las autoridades estos golpeteos entre compañeros de causa, en lugar de fortalecer la candidatura de la coalición les puede jugar en contra.
Lo mismo aplica para el Frente Amplio por México, en donde encumbraron a la Senadora Xóchitl Gálvez, quien irrumpió en el juego sin que estuviera previsto y que intentaron vender como una candidata de los ciudadanos, ya que no está afiliada a ninguno de los partidos del Frente, aunque como Senadora pertenece al grupo parlamentario del PAN.
En los foros del Frente fue atacada por su rival y compañera Beatriz Paredes, quien insinuó que la senadora había cometido actos de corrupción.
Gálvez tiene un historial por lo menos dudoso. Hay acusaciones de que sus empresas recibieron contratos gubernamentales, lo que constituiría un conflicto de interés al ser servidora pública, ya que presuntamente los habría conseguido aprovechando su posición política. Ella lo niega.
Desde un sector de la oposición, echaron a andar todo el aparato mediático para enaltecer sus atributos, como un ejemplo de superación que pasó de vender gelatinas en su comunidad a convertirse en una empresaria exitosa que luego incursionó en la política. Fue jefa delegacional, candidata a gobernadora y de la noche a la mañana se convirtió en una posibilidad real para competir contra Morena.
Pero irónicamente lo que en un principio veían como ventaja, puede terminar siendo una desventaja. Propone que eliminando las micheladas se puede combatir la violencia como lo hizo ella como jefa delegacional, asegurando que bajó la delincuencia con esta práctica.
Al siguiente día tuvo que salir con caguama en mano aclarando que se refería a las micheladas adulteradas, igualmente un sinsentido.
O cuando dijo que los mexicanos del sur, en este caso los chiapanecos, no estaban acostumbrados a trabajar ocho horas seguidas. “Recuerdo cuando trabajaba para Vicente Fox: quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije ‘va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidas, porque no es su cultura’”, dijo.
Nuevamente, después intentó dar explicaciones pero sólo enredó más las cosas. No midió las consecuencias de sus palabras. Dichas maquiladoras tienen un negro historial, pues pertenecían a Kamel Nacif, conocido como “el rey de la mezclilla” y quien fuera después condenado por pederastia. Nacif, empresario poblano de origen libanés, fue evidenciado por la periodista Lydia Cacho en su libro “Los Demonios del Edén”, donde documentó toda una red de prostitución infantil que involucraba a políticos y empresarios como él. Cacho fue secuestrada y torturada por este sujeto.
Según escribe en su columna “Astillero” en el periódico La Jornada del 21 de agosto, el periodista Julio Hernández, el gobierno de Fox y su esposa Marta Sahagún hicieron gestiones con el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, para entregarle al empresario infraestructura pública a título de comodato, y “becas” para pagar sueldos de las trabajadoras.
“En total, unos 20 millones de pesos de apoyo de los tres niveles de gobierno para Nacif, quien había prometido crear mil 500 empleos y cerró su paso por San Cristóbal de Las Casas con 300 trabajadoras despedidas y violando leyes y acuerdos”, escribe Hernández.
Y esto apenas comienza.
En medio de las balas
Y mientras los políticos se pelean por llegar al poder, la otra realidad nos indica que la muerte, la violencia desenfrenada se apodera del país.
Mientras escribo estas líneas la noticia que está en todos los noticiarios es la de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, de quienes, a día de hoy, sólo se sabe que fueron “levantados” por un grupo de la delincuencia organizada presuntamente perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Un video que circuló en redes mostraba a los jovencitos atados y amordazados. Luego se podía apreciar como uno de ellos era obligado a pegarle otro de sus amigos con un ladrillo.
Ignoro si para cuando esta columna se publique sabremos más detalles de lo ocurrido. Honestamente lo dudo. Usualmente estos casos no se resuelven, casi nunca nos enteramos de la realidad. Las autoridades no llegan al fondo porque no les dan “permiso” de seguir indagando o simplemente porque están involucradas. A veces son mandos medios como policías municipales y/o funcionarios locales, y en ocasiones incluso de rangos superiores como alcaldes, jefes policiacos y hasta gobernadores.
Tal vez se olvidarán o se verán opacados por otra salvajada más cruel. La realidad ha superado a la ficción en muchos sitios de México, donde operan y controlan grupos de los principales cárteles mexicanos y que a su vez cuentan con sus grupos de “soldados” que son los encargados de la seguridad de los jefes, de cuidar de sus intereses y deshacerse de los rivales.
Lo malo es que en su guerra, muchas veces se llevan a gente inocente que quedan en medio de las balas.
Me queda claro que el gobierno de López Obrador y su política de atacar las causas y de abrazos no balazos no ha sido suficiente para frenar la violencia. Como tampoco fueron capaces los mandatarios anteriores, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, siendo el gobierno de este último el que empezó la llamada guerra sin cuartel contra los cárteles y cuyas consecuencias las sigue sufriendo el pueblo de México. Se sabe ahora que su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, protegía al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que era el más violento en cuanto a números, se registraron 156,066 homicidios dolosos, cifra que ya fue superada en la actual administración, la cual suma 156,136 y contando. Pero también siguen habiendo feminicidios y asesinatos de periodistas.
Y no se trata de echar culpas y de sacar provecho político de las tragedias. No se vale decir que es culpa de la política de “Abrazos no balazos” porque la historia no comenzó ahora. Tampoco se trata de culpar eternamente al pasado sin tomar responsabilidad del presente.
Es trabajo de los mexicanos y sólo de los mexicanos decidir el futuro y rumbo que quieren para su país y su sociedad. Ojalá que todos hagan conciencia desde el lado que les corresponde, incluyendo los medios de comunicación.
No es que haya que ponerle alfombra roja al suelo que pisa el presidente y aplaudirle todo, pero tampoco vale levantar calumnias, sacar de contexto sus declaraciones e inventar barbaridades como decir que el presidente se burló de la tragedia de Lagos de Moreno, descontextualizando premeditadamente audios e imágenes.
Eso no es hacer periodismo. Se llama manipulación y desgraciadamente, hay mucha gente que todavía les cree.
