POR CRISTINA GUTIERREZ
Las recientes regulaciones del Departamento de Regulación de Pesticidas (DPR) permiten que los escolares estén expuestos a 1,3-D 14 veces más que el nivel de exposición segura calculado por la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental (OEHHA).
Esto no es solo un fallo regulatorio, sino racismo ambiental. En los 10 condados de California con mayor uso de 1,3-D, ocho tienen una mayoría de población latina, y la exposición a pesticidas en estas comunidades es diez veces mayor que en los condados con menor población latina. Las comunidades de trabajadores agrícolas son la columna vertebral de la agricultura californiana, sin embargo, sus hijos están siendo sacrificados para proteger las ganancias corporativas.
El problema se agrava por las débiles premisas de las regulaciones del DPR sobre “espectadores ocupacionales”. Las normas asumen que los trabajadores agrícolas solo trabajan de 8 a.m. a 4 p.m., que los niños y los residentes fuera de los campos no están expuestos antes ni después del trabajo, y que los adultos jubilados no corren riesgo en hogares donde se dispersan sustancias químicas.
Estas suposiciones ignoran la exposición en el mundo real y se basan en un modelo informático que ha subestimado sistemáticamente los niveles de 1,3-D en las comunidades. Erika Alfaro, enfermera de salud pública y miembro de Safe Ag Safe Schools, explicó: “Cuando se ignora la ciencia, la injusticia prospera”.
A pesar de las políticas previas de California que exigían zonas de amortiguamiento de 400 metros alrededor de las escuelas y limitaban la aplicación de fumigantes a los fines de semana, los datos de monitoreo muestran que las concentraciones en el aire cerca de las escuelas siguen estando muy por encima de los niveles seguros. Los umbrales de riesgo de cáncer establecidos por la OEHHA se superan habitualmente entre 2,3 y 30 veces.
Maestros, padres y líderes comunitarios siguen viendo cómo los niños juegan al aire libre mientras sustancias químicas peligrosas flotan en el aire. Oscar Ramos, maestro de segundo grado, comentó: “Esta es una política de racismo ambiental… Debemos dejar de atacar y sacrificar a nuestros escolares en las comunidades agrícolas. Se supone que debemos proteger a nuestros hijos. Protejámoslos de estos pesticidas invisibles pero verdaderamente dañinos”.
La solución es clara y urgente. La organización Californians for Pesticide Reform (CPR) y sus aliados exigen tres acciones inmediatas:
• El Estado de California debe eliminar por completo los fumigantes.
• Las zonas de amortiguamiento escolar deben ampliarse de los actuales 400 metros a
al menos 1,6 kilómetros para reducir la exposición de los niños.
• Los Comisionados de Agricultura y el Departamento de Regulación de Pesticidas
(DPR) deben financiar e implementar proyectos piloto para reemplazar las áreas
fumigadas con agricultura orgánica dentro y alrededor de las zonas de amortiguamiento
Escolar.
Estas medidas son viables, rentables y esenciales para proteger la salud pública. El problema no se limita al 1,3-D; abarca a toda la clase de fumigantes con tendencia a la deriva que afectan desproporcionadamente a las comunidades de trabajadores agrícolas. California cuenta con los recursos, la experiencia y la obligación moral de corregir esta injusticia.
Las familias de trabajadores agrícolas no piden caridad; piden protecciones básicas que todo niño merece: aire limpio, escuelas saludables y la posibilidad de crecer libres de exposición innecesaria a químicos. Comunidades desde Fresno hasta Oxnard se están movilizando, participando en conferencias de prensa y exigiendo acción. El apoyo público a regulaciones más estrictas sobre pesticidas está creciendo, pero el gobierno estatal debe actuar con decisión.
