Por Juan Trujillo Limones
A causa de un paro cardíaco, a los 78 años falleció el histórico líder social indígena Felipe Quispe Huanca el pasado 19 de enero en El Alto, Bolivia. El Mallku (autoridad comunitaria en aymara) como también lo reconocian, fue un importante dirigente que apenas se había postulado al gobierno de La Paz para los comicios del 7 de marzo, ciudad que con una población estimada de 940 mil habitantes —según datos del 2020—, es la tercera más poblada del país. Como un espejo de la realidad política de Bolivia, el legado de Quispe vuelve a tomar importancia ante la sed de justicia que vive la sociedad, que aún carga con las consecuencias de las masacres de Sacaba y Senkata de noviembre de 2019. El polémico Decreto Supremo 4078, firmado en días posteriores a los hechos de violencia, se vislumbra como una de las claves actuales para demandar la justicia y evitar la impunidad.
El 21 de enero, el cuerpo de Quispe fue llevado en una caminata fúnebre por la ciudad indígena de El Alto, al oeste del país, en la meseta altiplánica. El Mallku quien se ganó este apelativo por su intensa actividad de liderazgo, nació en 1942 en la comunidad de Chijilaya, cantón Ajllata, en Achacachi, provincia de Omasuyos en el departamento de La Paz. Hombre polémico por sus posiciones políticas radicales, fue fundador y miembro del Movimiento Indígena Túpac Katari en 1978, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos y de la Central Obrera Departamental de La Paz.
El pensamiento de Quispe incluyó la lucha armada como una forma legítima del pueblo para defenderse, por lo que fundó y participó en el Ejército Guerrillero Tupac Katari. Después de 1983 formó la organización política Ayllus Rojos y para 1998, después de salir de la cárcel de Chochocoro, fue el principal dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Después de 2000, cuando el ciclo insurreccional de protestas populares volvió a Bolivia, la particular rebeldía de Quispe lo empujó a participar con fuertes bloqueos carreteros durante la guerra del gas, cuando el gobierno se empeñaba en privatizar y comercializar el recurso, lo cual terminó en 2003 con el derrocamiento del represor presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Poseedor de una sorprendente cultura política rebelde, heredada de su Achacachi originario, donde las revueltas y movimientos sociales han encarado al poder policial y militar de los gobiernos autoritarios, su determinación y rebeldía se originaron en su profunda consciencia sobre las desiguales condiciones impuestas por el colonialismo en el altiplano boliviano.
Como parte de su brillante astucia intelectual y durante su cautiverio, completó la carrera de historia por la Universidad Mayor de San Andrés y dictó clases en la Universidad Pública de El Alto. Ahora su legado ha sido sembrado en las nuevas generaciones de jóvenes activistas y estudiantes indígenas. Una pedagogía aymara de la lucha popular.
Durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019), Quispe mantuvo una posición crítica, y después de la imposición del gobierno de facto de Jeanine Añez articuló importantes movilizaciones y bloqueos que demandaron la celebración de nuevas elecciones nacionales en agosto pasado. Volvió a dejar claro que después del violento golpe de Estado de 2019 y las horribles masacres en Sacaba y Senkata, la manera más efectiva para alcanzar la justicia social es con la movilización popular.
Las masacres de Sacaba y Senka ta siguen impunes
El último vuelo del Mallku en el altiplano coincidió con el término de un ciclo de trabajo del Grupo Interdisiplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Potosí para recolectar los testimonios de víctimas y así contribuir al esclarecimiento de los hechos posteriores al golpe (https://bit.ly/2Zo2uNU).
La justicia para los 36 muertos y un centenar de heridos continúa pendiente en la nación andina. Creado el 12 de diciembre de 2019, el GEI realizó visitas en las regiones del país desde el 1 de septiembre de 2020. Reporta que ha tenido reuniones con la Asociación de Víctimas de Senkata, y publicará en mayo su informe parcial sobre los hechos de violencia en los departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Bolivia publicó el informe Crisis de Estado: Violación de los derechos humanos en Bolivia, octubre-diciembre 2020. Destaca que los hechos en Sacaba y Senkata y sus 20 muertos constituyen “asesinatos sistemáticos”, donde hubo “excesivo uso de la fuerza, detenciones ilegales, violaciones al derecho de vida, integridad personal, libertad y equidad”, lo que constituye “crímenes contra la humanidad”; lo mismo para los tres muertos en La Paz y los muertos en Sacaba del 11 de noviembre. Los 10 muertos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz “constituyen crímenes contra la humanidad” por realizarse de forma “sistemática contra población civil”, perpetrados por oficiales de policía y civiles con cascos (https://www.defensoria.gob.bo/documentos/trabajos-de-investigacion).
El legado y último aliento de Felipe Quispe se condensa como un poderoso estímulo para alcanzar desde la sociedad civil y las organizaciones la tan necesaria justicia para el pueblo boliviano. Una de las claves para comprender el estancamiento en la aplicación de la justicia proviene directamente del régimen de Jeanine Áñez: el Decreto Supremo 4078 firmado por sus ministros, un “pacto de unidad” en noviembre de 2019 que dio carta blanca a los abusos perpetrados por el gobierno de facto y suprimió de responsabilidad penal a la policía y el Ejército en sus tareas de “pacificación”.
El ejemplo de la lucha del Mallku es otro principio de esperanza por la justicia que proviene de la historia de lucha ejemplar de los aymara en Bolivia.
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Juan Trujillo Limones es periodista y antropólogo independiente. Contáctalo en xaureme@protonmail.com.
