Por Juan Trujillo Limones
“Soy enfermera titulada, mi sueldo base es de 166 mil pesos más un bono de 100 mil pesos y me tengo que matar, hacer turno de 24 horas, no tener familia, no tener amigos, vida social, ni pareja, para poder tener un sueldo entre comillas digno”, sostuvo la enfermera Francisca originaria del barrio popular de La Legua en la rebautizada Plaza de la Dignidad en una jornada de protesta previa a la imposición del estado de excepción justificado por la epidemia del Covid-19 en Chile.
Durante estos días, el país se encuentra sumergido en una nueva situación de tensión social a causa de la situación sanitaria. En los hechos, la “emergencia” se han traducido desde el 22 de marzo en el toque de queda y la presencia de los militares en las calles para la control social de la población en algunas regiones del país. Y es que la presencia de la epidemia, provocó incluso la inhibición de las marchas y protestas sociales, pero surgió la molestia popular por la falta en la aplicación de la “cuarentena nacional”. El pasado 30 de marzo, cuando se conmemoró el día del Joven Combatiente se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía carabinera cuyo saldo fue de 50 detenidos y siete policías heridos en la capital.
Igualmente la realidad de los presos políticos de la revuela social del 18 de octubre es alarmante por las deficientes condiciones de higiene en diversas cárceles debido al riesgo de que se activen focos de infección. Así la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos se refirió a través de una carta, a la compleja situación de los presos y exigen que su estatus jurídico ”cambie de forma inmediata”: la medida cautelar “prisión preventiva” por el “arresto domiciliario”.
La actual pandemia del Covid-19 en Chile ha develado aún más las desigualdades y el precario estado del sistema de salud en el país. Lo mismo su constante privatización: “Un medicamento aquí cuesta hacerlo 3 mil lucas (pesos chilenos) y en Argentina vale 2 mil lucas. Esta cosa (sistema) nos tiene así porque la Constitución no permite que un laboratorio compre los insumos para hacer el mismo medicamento (genérico) que los empresarios venden en 5 mil lucas (unos 5.8 dólares )” comenta Francisca.
Incluso, la prueba de infección del coronavirus ha costado en los laboratorios privados hasta 120 mil pesos chilenos, casi $140 dólares. Un ejemplo destacado es sobre el cáncer: “Ni siquiera nos tienen insumos en los hospitales (públicos); hay personas por ejemplo con cáncer y no se les cubre el tratamiento y no hay una ley para (tratar) el cáncer. Se tiene que ir Piñera, los diputados, senadores, todo el gobierno porque son la misma mafia”, explica Francisca.
Por otro lado el gobierno en plena emergencia sanitaria culminó el 2 de abril con la licitación para invertir $193 mil 600 dólares y equipar a las fuerzas armadas que incluiría 24 escopetas calibre 12, 12 rifles o pistolas de aire, 122 cascos, 18 escudos balísticos y 447 artículos para protección facial. El calculo de acción oficial se desprendía de la previsión de que en marzo se habría presentado una fuerte convulsión social previo al plebiscito que ahora se postergó hasta octubre. En esa consulta popular se habría definido la aprobación o el rechazo para la redacción de una nueva Constitución política del Estado en la que se jugaba entre otros puntos, la paridad de género que ha sido una de las demandas del movimiento feminista que el pasado 8 de marzo concentró en Santiago a 2 millones de mujeres. Y es que según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, el 74% de las consultadas dijo haberse sentido violentada en espacios públicos; y acorde con la Subsecretaria de Prevención del Delito se reportaron en 2018, unas 15 mil 533 denuncias de violación o abuso sexual, lo que sugiere la incidencia de 42 casos diarios.
Por otro lado, también sigue en juego una posible representación de los pueblos indígenas como el mapuche ante el órgano constituyente que exige incluir delegados para esa labor legislativa e incluir las demandas sobre el respeto a su autonomía, derechos y multiculturalidad. Para el gobierno del derechista Sebastián Piñera, la epidemia del Covid-19 significó una ligera recuperación de su capital político y popularidad que estaba por debajo del 10% en marzo. En abril, el movimiento social habría desplegado la mayor articulación con miras al plebiscito. Las medidas oficiales una vez más, con la imposición del toque de queda, chocan con las dinámicas sociales en regiones como Osorno o Pichilemu donde los pobladores se organizaron de forma autónoma para atender la emergencia sanitaria, aplicar medidas de higiene y regular la entrada de gente sin residencia en dichas comunidades. No obstante, el Ejército y la policía carabinera han privilegiado el control a la población creando zozobra y tensión. El contraste entre las lógicas de las poblaciones organizadas y las medidas gubernamentales es evidente cuando las primeras exigían la declaratoria de “cuarentena nacional” sobre las medidas represivas y multas por transitar fuera del horario permitido. Por ejemplo, en Santiago el uso masivo del Metro para ir al trabajo provocó el hacinamiento en horas pico y sugiere la contradicción entre contener la epidemia y provocar el paulatino colapso de los medios de transporte públicos durante la delicada situación de emergencia sanitaria.
Que el gobierno haya encontrado su salvación política temporal en el estado de excepción y el toque de queda como forma para ganar tiempo e intentar contener la epidemia poco o nada brinda los espacios de distensión del conflicto social para la urgente refundación del país. Por lo contrario, la opción militar exacerba el rechazo de las poblaciones conscientes y movilizadas que exigen la transformación de la vida pública con salud para todos.
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Juan Trujillo Limones es antropólogo y periodista independiente y se lo puede contactar en: xaureme9@outlook.com
