Por Jenny Manrique
Cerca de 24 millones de estadounidenses podrían ser desalojados de sus viviendas a fines de agosto, mientras 15 millones de inquilinos ya viven en hogares afectados por la pérdida de trabajo o la reducción de ingresos debido a la pandemia del COVID-19.
La inquietante cifra del Aspen Institute fue compartida por Emily Benfer, directora de la Clínica de Justicia de Salud de la Facultad de Derecho de Wake Forest, durante una conferencia vía Zoom organizada por Ethnic Media Services.
“Nuestro país está al borde de una crisis de vivienda de magnitud sin precedentes y sin una red de seguridad que nos sostenga”, aseguró Benfer al detallar un panorama aterrador para las familias de bajos ingresos, especialmente latinas y afroamericanas. Estas se enfrentan al fin de las moratorias de desalojo que el gobierno federal y varios estados extendieron solo hasta agosto, para quienes no han podido pagar la renta en medio de la crisis económica causada por el coronavirus.
“Hay un aumento del 92% en la solicitud diaria de asistencia (financiera) de alquiler en comparacion con esta fecha el año pasado”, dijo Benfer. “Y los programas (de alivio) se agotan a los pocos minutos de estar disponibles”.
La pandemia no ha hecho sino exacerbar condiciones que ya eran insostenibles para los arrendadores: más de 20 millones de familias tenían dificultades para pagar el alquiler, solo una de cada cuatro recibía asistencia federal aún siendo elegible para ella, y en la última década las unidades de viviendas asequibles se redujeron en cuatro millones.
Mientras el 61% de los hispanos y el 44% de los afroamericanos vive en arriendo, esa cifra llega sólo al 38% en el caso de los blancos. Cerca del 75% de las familias negras y latinas no tenían fondos de emergencia para cubrir gastos por un promedio de tres meses, mientras el 53% de las familias blancas sí pudieron contar con esos ahorros para enfrentar la crisis.
Hoy menos de la mitad de los estados tiene alguna política de moratoria de desalojo. Florida, Mississippi, Missouri, Texas y Ohio, figuran con las más altas tasas de desalojo según Benfer.
La ley CARES del Congreso, estableció 120 días de moratoria y si bien previno una oleada de desalojos, está a punto de expirar el 25 de julio. La ley HEROES que contempla presupuesto de alivio para renta, pasó en la Cámara de Representantes pero está detenida en el Senado.
“Una de las peores consecuencias del desalojo para estas familias es que terminan en albergues donde es imposible mantener la distancia social, lo que las expone aún más al COVID-19”, anadió Benfer.
Inquilinos sin protección
Desde fines de abril, las protestas de inquilinos se extendieron por todo el país exigiendo al gobierno que cancelara el pago de alquiler. En varias ciudades de California, donde el control de renta ha sido una de las victorias de los sindicatos de inquilinos, 17 millones de ellos no podrán pagar la renta al final de la moratoria, y el sistema judicial tampoco los protege.
“En las cortes hay una vía rápida para estos casos: casi el 60% de los desalojos se resuelve dentro de un mes (a favor del arrendatario) y el inquilino tiene solo cinco días para presentar una respuesta en la corte o perder su caso y por defecto su hogar”, dijo Nisha Vyas, abogada principal de vivienda en el Western Center on Law and Poverty. “Los inquilinos además raramente tienen abogados que los representen”.
A raíz del COVID-19, las cortes llevan a cabo audiencias de desalojo virtuales a las que muchos arrendadores no pueden acceder por la barrera del lenguaje, las restricciones tecnológicas o incluso la inhabilidad de pagar la cuenta del celular.
Y aunque desde el 1 de abril, más de 80 condados y ciudades en California adoptaron algún tipo de protección para los inquilinos, ellos todavía tienen que demostrar en los tribunales que están cobijados por estas medidas. “Todavía escuchamos sobre propietarios que amenazan con llamar a la policía, envían documentos parecidos a los de la corte, o incluso cambian las cerraduras de la vivienda”, contó Vyas enfatizando que todos estos métodos son ilegales.
Su organización está co-patrocinando el proyecto de ley estatal 1436, diseñado para dar a los inquilinos una oportunidad justa de pagar el alquiler adeudado, y al propietario a perseguir su caso a través de un acción civil en oposición al proceso penal de desalojo. También busca prevenir los impactos negativos al crédito para los inquilinos.
Población sin techo
El peor desenlace de los desalojos para las familias es sin duda, terminar en la calle.
Margot Kushel, doctora en la División de Medicina Interna General en el Hospital General y Centro de Trauma Zuckerberg en San Francisco, calcula que en California los desalojos pueden contribuir a un aumento del 40% en la población sin hogar, de la que hoy en dia solo una tercera parte termina en algún refugio.
“Al principio las familias se mudan a viviendas más inestables, hacinados con familiares, pero en un periodo de uno o dos años, inevitablemente, terminan en la calle”, dijo Kushel.
La situación es especialmente difícil para familias con niños, no solo porque los menores deben interrumpir su educación, sino porque los adultos evitan a toda costa terminar en albergues ya que el estado les puede quitar la custodia de sus hijos.
“Esto lo vemos mucho en la comunidad latinx, donde familias de hasta 12 personas comparten una sola habitación y un baño para evitar que las cuenten como personas sin hogar y les quiten sus niños… esto es un (caldo de cultivo) para el virus”, explicó Kushel.
El 18 de marzo el gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó el proyecto RoomKey para asegurar que la población sin hogar tuviera un techo y así evitar la propagación del coronavirus. Con un presupuesto que se acerca a los $1,000 millones, el programa ha logrado albergar a cerca de 15,000 personas en los tres meses desde su lanzamiento. Pero esa población alcanza los 150,000 en el estado.
“En el norte de California es extremadamente difícil y costoso construir viviendas asequibles, así que con la conversión de hoteles y moteles podríamos albergar rápidamente a poblaciones muy vulnerables”, dijo Akash Kalia, dueño del Hotel Palms en Santa Rosa, California, quien desde 2015 convirtió las 104 unidades de su propiedad en viviendas de apoyo permanente para veteranos y civiles en situación crónica sin hogar.
El exitoso modelo de Kalia incluye distribución de alimentos, clínicas de salud móvil, reuniones semanales de Alcohólicos Anónimos y hasta sesiones de guitarra, servicios que a diferencia de una mera solución habitacional, contribuyen a que la gente se quede en las viviendas.
“A la población vulnerable es fácil ubicarla en una vivienda pero es difícil mantenerla allí”, dijo Kalia. “En nuestro caso el 96% de las personas se queda.”
Este modelo, que se financia parcialmente con el subsidio de vouchers de viviendas para veteranos, HUD-VASH, le cuesta al hotel un promedio de $30,000 por persona por año. En comparación, el condado de Sonoma invierte entre $80,000 y $180,000 anualmente por persona en situación de calle, sin ni siquiera proveerles un refugio: solo en costos de interacción policial, servicios de crisis y hospitalizaciones.
“Los propietarios de hoteles pueden salvar sus ingresos convirtiendo sus propiedades y proporcionando un bien social. Ninguno de nosotros sabe cómo se verá afectada la industria hotelera después del COVID-19”, concluyó.
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Jenny Manrique es editora asociada de Ethnic Media Services
