Por Stan Santos
El Condado de Fresno continúa violando los derechos civiles y humanos de los inmigrantes detenidos ya que facilita la transferencia de detenidos a ICE (Immigration and Customs Enforcement, antes conocida como “La Migra”) independientemente del delito cometido y de su inocencia como acusados. El 12 de diciembre de 2019, voluntarios con Faith in the Valley fueron testigos de la práctica injusta cuando los agentes de ICE entraron en la cárcel del condado de Fresno y retiraron a dos jóvenes.
Para un joven de El Salvador —quien en este artículo será identificado como Jesús—, su viaje comenzó hace varios años, cuando entró en los Estados Unidos con estatus legal temporal para unirse a su madre, abuela y hermano. Debido a las complejidades e indiferencia del sistema de inmigración, mientras la familia tramitaba la documentación para su protección de la peligrosa realidad de El Salvador, su estatus se venció.
En julio de 2019 Jesús fue arrestado con otro joven que supuestamente cometió un “robo menor”. La policía lo citó y después de dos comparecencias, el Juez de la Corte Superior lo consideró elegible para la liberación sin fianza. A pesar de esto, los agentes del ICE decidieron que lo detendrían para deportarlo.
El 12 de diciembre de 2019, la noche de que saliera libre, fueron observados dos agentes del ICE mientras entraban y salían del interior de la cárcel, más allá de la sala de espera pública. Se colocaron a pocos centímetros de la puerta del vestíbulo de liberación. Al momento que saliera el primer preso, inmediatamente lo esposaron y lo llevaron a un SUV azul oscuro, sin placas.
Alrededor de las 10 p.m. Jesús fue detenido al salir por los mismos agentes, y junto al primer preso fue trasladado al centro de ICE a unas cuadras de la corte. En 24 horas los dos jóvenes estaban en proceso de deportación a través de las instalaciones de ICE en Mesa Verde, Bakersfield.
Pasarían casi dos meses antes de que Jesús compareciera en la Corte de Inmigración de Mesa Verde para una audiencia de fianza el 4 de febrero de 2020. Pero se le informó a su abogado que ICE pretendía retenerlo sin fianza, y que sería procesado como un recién llegado.
El 5 de febrero del 2020, Jesús tenía que aparecer en la Corte Superior de Fresno referente al cargo original. Pero el tribunal no fue informado de su detención por ICE. Los familiares le informaron de esto a su abogado y el juez intentó confirmar por teléfono con ICE. Fue una escena confusa de intercambios entre una jueza molesta, la defensa y el fiscal.
Su abogado informó al tribunal que había un testigo presente que observó su detención por ICE e insistió además que, por interés de la justicia, los cargos deberían ser desestimados. Desafortunadamente, el fiscal no estuvo de acuerdo, y se fijó una nueva fecha de la corte para el 3 de marzo de 2020.
El problema que debe enfrentar el movimiento por los derechos de los inmigrantes en el área de Fresno es la complicidad de la Sheriff de Fresno, Margaret Mims, con las autoridades federales en la negación de los derechos del “debido proceso” de los inmigrantes. En este caso, el individuo no ha tenido la oportunidad de ir a juicio y comprobar su inocencia. Y esos cargos menores desencadenaron su remoción inmediata.
Aparentemente, el Tribunal Superior de Fresno ni siquiera es informado de la conspiración del Sheriff con ICE en violación de los derechos del debido proceso. Para Jesús, una acusación no probada de una infracción menor podría resultar en su regreso a un lugar donde podría sufrir lesiones corporales graves, traumas e incluso la muerte.
Jesús no está solo. El militarismo, el cambio climático y los estragos de la injusticia económica mundial siguen obligando a los inmigrantes a huir por sus vidas. Sin una vigilancia de día y noche, puede que nunca se sepa cuántos hombres y mujeres inocentes son deportados a diario por una sheriff desalmado y ICE, para enfrentar niveles inimaginables de violencia.
El 5 de febrero de 2020, Human Rights Watch (https://www.hrw.org) informó que desde 2013, 138 salvadoreños deportados de estados unidos fueron asesinados en su país de origen. Otras 70 personas “fueron sometidas a violencia sexual, tortura y otros daños, por lo general a manos de pandillas, o que desaparecieron tras su regreso”. Este no es un recuento todo incluido; lo más seguro es que el número verdadero es mayor.
El informe detalla varios casos en los que las víctimas huyeron del reclutamiento de pandillas, barrios violentos y abuso conyugal, se les negó el asilo en los Estados Unidos, y volvieron a morir en el lugar donde habían huido.
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Stan Santos es un activista de los derechos de los inmigrantes y de los trabajadores. Puede contactarlo en: Alianzadefresno@gmail.com
