Desde que el Presidente Trump asumió su puesto, muchos esperan que la Suprema Corte de Justicia (SCOTUS por sus siglas en inglés) intervenga en los destinos de la nación estadounidense para frenar los excesos del mandatario en su sed de poder. Esta expectativa se basa en la tradición de la institución y la creencia de que en última instancia los jueces deben hacer cumplir las leyes.
Así, gobernadores de estados atacados, jefes de agencias despedidos, defensores del medio ambiente alarmados y más han acudido a los tribunales en busca de justicia. Sus demandas llegarán en última instancia al tribunal máximo.
Sin embargo, un vistazo a las decisiones de SCOTUS en el último año revela lo obvio: con una composición de seis jueces conservadores y tres liberales, el tribunal adopta decisiones conservadoras, en diversos temas.
De esta manera, el 25 del mes pasado la corte dictaminó que quienes ganan fallos en casos de derechos civiles no necesariamente podrán recuperar sus honorarios legales; a fines de enero mantuvo vigente la práctica de Mississippi de quitar el derecho al voto a las personas condenadas por el robo de madera y que ya cumplieron sus sentencias, una ley de la era de Jim Crow—nombre que recibieron las numerosas leyes locales y estatales en EE.UU. que mantenían la discriminación contra los negros, aún después de la emancipación de 1863.
Es significativo que anteriormente, SCOTUS decidió que la Agencia federal de Protección al Medio Ambiente (EPA por sus siglas en inglés) no tenía autoridad para limitar la contaminación de las chimeneas que se propaga a través de las fronteras estatales. También derogó una norma propuesta por la EPA para proteger millones de acres de humedales de la contaminación.
Un caso adicional es su decisión del 4 de marzo de 2025, por cinco votos contra cuatro, de limitar la autoridad de la EPA de imponer regulaciones al manejo de aguas residuales vertidas al océano, autoridad conferida a la agencia por la Ley de Agua Limpia de 1972. El tribunal dio la razón a una coalición de grupos comerciales e industriales de minería y petróleo y la ciudad de San Francisco de que pese a que la EPA tiene autoridad para detallar las regulaciones, no tiene la capacidad de penalizar a San Francisco con multas y demandas criminales por violarlas.
Es una cuestión importante para la salud de las poblaciones que viven en las costas. Las descargas de desechos humanos del sistema de alcantarillado de San Francisco supuestamente han provocado graves infracciones de los estándares de calidad del agua, como “decoloración, espuma y material flotante”, citando a la jueza Amy Coney Barrett, que se plegó a las tres juezas liberales en oposición al dictamen.
La ciudad alegó que las multas podrían llegar a centenares de millones de dólares y pidió claridad en la interpretación de la ley.
Expertos calculan que la sentencia limitará la capacidad de la EPA para frenar la contaminación marina tanto en la costa del Pacífico como del Atlántico, incluyendo en Nueva York, Boston y Washington D.C.
CNN informó de esto bajo el título: “La Corte Suprema permite que San Francisco descargue más aguas residuales sin tratar en el Océano Pacífico”.
Y no menos alarmante es la erosión en la interpretación de la Ley de Agua Limpia impuesta por los jueces conservadores.
El mes pasado, el Presidente Trump decidió que en adelante la EPA sólo protegería “el aire y el agua limpios”, y dejaría de lado temas como la limpieza de áreas contaminadas, pesticidas, sustancias tóxicas y los desechos; y Lee Zeldin, su nuevo administrador, propuso un recorte del 31% de su presupuesto.
El tema de la calidad del agua y la autoridad de la EPA son parte del repertorio del nuevo gobierno de Trump contra los avances de los últimos años en materia de medio ambiente con el resultado de reducir las protecciones a la población.
