¿Quién ama las armas y odia las bibliotecas? Su Junta de Supervisores

¿Quién ama las armas y odia las bibliotecas? Su Junta de Supervisores
La fiscal Lisa Smittcamp se dirige a la Junta de Supervisores. Captura de pantalla de la transmisión en vivo

La Junta avanza en armar a todavía más empleados del condado

En su reunión del 8 de septiembre, la Junta de Supervisores del Condado de Fresno aprobó por unanimidad la primera lectura de una enmienda al código de ordenanzas del condado que permitiría a la fiscal de distrito autorizar a fiscales e investigadores especiales de su oficina a portar armas ocultas en propiedad del condado.

La ordenanza fue impulsada por el presidente de la Junta, Garry Bredefeld (Distrito 2), el sheriff John Zanoni, la fiscal de distrito Lisa Smittcamp y el supervisor Nathan Magsig (Distrito 5), lo que da la impresión de que juntos forman un ala dura de la ley y el orden. Smittcamp estuvo presente para hablar de la ordenanza, motivada por un incidente del 20 de agosto en el que un fiscal fue apuñalado en Courthouse Park por un exacusado.

La decisión sigue a la ampliación, en junio, de una política de “portación oculta de armas” de noviembre de 2020 que permite a los integrantes en funciones de la Junta y a su personal portar armas en el trabajo. La votación de junio extendió ese permiso al administrador del condado (CAO), al abogado del condado y, con autorización del CAO, a cualquier otro empleado del condado. No quedó claro por qué se necesitaba otra enmienda más sobre armas en el trabajo.

Bredefeld describió el apuñalamiento y se encogió de hombros varias veces mientras hablaba, como para dar a entender que la nueva ordenanza era necesaria, tardía, obvia e inevitable.

Smittcamp, quien señaló que el fiscal herido se había recuperado y había vuelto al trabajo, admitió que su oficina “sigue elaborando una política” sobre armas y seguridad laboral. Si los trabajadores portan armas, deben estar capacitados, dijo, lo que abre la pregunta de por qué no se elaboró esa política de capacitación y seguridad antes de determinar que se autorizara a más empleados a portar armas.

Smittcamp habló con vehemencia y de manera extensa sobre las amenazas y el acoso que ella misma ha vivido y sobre políticas del estado de California a las que se opone, como la ley de desvío por salud mental (artículo 1001.36 del Código Penal), un programa previo al juicio que permite que personas elegibles con trastornos de salud mental calificados reciban tratamiento en lugar de ir a juicio o cumplir una condena en la cárcel.

Smittcamp se quejó de que “las personas que cometen intento de homicidio son elegibles para el desvío por salud mental” por orden judicial, calificó el asunto como “un tema estatal” y dio a entender que las soluciones legales estaban fuera de la jurisdicción del condado. Citó el caso de un agresor en particular, un abogado cuya esposa es médica, que según ella la amenaza con frecuencia. Otras amenazas recientes, señaló, vinieron de alguien a quien llamó “una hermosa estudiante de criminología” de Fresno State que ha expresado su oposición a que los fiscales porten armas. “No podemos confiar en que el sistema de justicia penal del que formamos parte nos proteja”, dijo Smittcamp, en lo que pareció un argumento para armar a su personal a partir de leyes estatales que no le gustan o a las que se opone ideológicamente.

Sin embargo, Smittcamp no mencionó que la ley de desvío por salud mental se reformó hace poco: el Proyecto de Ley de la Asamblea 46 (AB 46), firmado por el gobernador Gavin Newsom en junio de 2026 y que entra en vigor en enero de 2027, modifica la ley actual al exigir que los acusados comprueben que su diagnóstico calificado se hizo dentro de los cinco años previos al presunto delito, para evitar que los oportunistas consigan un nuevo diagnóstico con el fin de evadir cargos penales.

Zanoni dijo que la demanda de permisos de portación oculta “sigue creciendo”. Describió “capacitaciones masivas” mensuales de 200 personas en el campo de tiro del sheriff. Él también dijo que “necesitamos una política” y agregó, para enfatizar: “capacitación, capacitación, pericia, pericia”. Una vez más, estas declaraciones dieron la impresión de que la ordenanza se estaba aprobando a las prisas, sin disposiciones detalladas de capacitación ni protocolos de seguridad. Aunque Zanoni repitió la afirmación falsa de que una mayor presencia de armas “disuadirá los incidentes”, también mencionó la posible responsabilidad legal del condado en caso de “accidentes”, pero no ofreció detalles, lo que suma otra preocupación sobre lo prematuro de la ordenanza.

Magsig se atrevió a decir que “no toleraremos el crimen” y que “apoyamos mucho” a quienes “ejercen sus derechos de la Segunda Enmienda”.

El supervisor Luis Chavez (Distrito 3), que pareció cuestionar la necesidad del cambio a la ordenanza aunque formuló su pregunta con timidez, preguntó a Smittcamp si había “algo más que podamos hacer para que nuestra gente esté segura”, a lo que ella respondió que armar a su personal con armas letales era “solo un paso”. Mencionó la necesidad de “aumentar el personal de seguridad” en el juzgado, lo que, señaló, requeriría más fondos, y agregó que el personal debe solicitarle a ella, como jefa del departamento, el permiso para portar armas.

Mientras esos comentarios se iban apagando, se escuchó a Bredefeld aclararse la garganta como si se muriera de ganas de hablar. Empezó por lamentarse del gobierno estatal, como suele hacer: “Vivimos en una sociedad aquí en California” sin un “verdadero sistema de justicia”. En uno “verdadero”, no existiría el programa de desvío por salud mental y personas como el hombre que acosó a Smittcamp “estarían en prisión”. Razonó que “la policía no puede estar en todas partes”, dando a entender que a los ciudadanos comunes no les queda más remedio que suplir esa falta cargando pistolas. “Creemos en la Segunda Enmienda”, dijo, y bromeó con una risita que “una sociedad armada es una sociedad ‘cortés’”.

No hubo comentarios del público sobre el punto.

Bredefeld se sube a la tribuna

Bredefeld aprovechó la parte de la reunión en la que los supervisores hablan del trabajo de sus comités o de lo que ocurre en sus distritos para hacer aspavientos sobre el próximo aniversario del 11 de septiembre y también sobre el del asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, quien murió por violencia armada el 10 de septiembre del año pasado. Bredefeld leyó una declaración escrita, con rarezas sintácticas y llena de referencias a sus muchas obsesiones.

Despachó su discurso del 11 de septiembre con frases hechas sobre los heroicos servicios de emergencia, señaló que Estados Unidos libraba una “guerra continua contra el mal y el terrorismo” y agregó “Dios bendiga a Estados Unidos, el país más grande de la Tierra”, antes de pasar a su discurso más cargado de emoción sobre Kirk, que planteó como una batalla moral urgente. Calificó a Kirk de “brillante” por “meterse a la cueva del león” de los campus universitarios para sostener “debates” sobre temas de la guerra cultural. Kirk se oponía a la “ideología woke”, a la “mutilación genital” (una alusión a la atención de afirmación de género) y a otras cosas que Bredefeld detesta e invoca seguido, incluso cuando no vienen al caso. Kirk, planteó Bredefeld, “fue asesinado por decir la verdad”, presentando de manera hiperbólica al provocador de derecha como un mártir. Ahora Kirk estaba “en los brazos de Jesús”, según Bredefeld.

Ningún comentario de Chavez, Buddy Mendes (Distrito 4) ni Brian Pacheco (Distrito 1). Pacheco guardó un silencio notorio durante toda la reunión. Aunque ha dicho muchas veces que solo habla cuando es necesario, al permanecer callado permite de manera implícita que otras voces y opiniones dominen, y quienes observan pueden quedarse con la impresión de que está desconectado.

Comentario público: ¿privatización de la biblioteca?

Cuatro empleados de la biblioteca, miembros del sindicato que vestían playeras con la leyenda “Keep Libraries Public” (Mantengamos públicas las bibliotecas), se presentaron para hablar en contra de la amenaza de privatizar la biblioteca del condado, en reacción a la reciente solicitud de Bredefeld al CAO Paul Nerland de un informe sobre la viabilidad de la privatización. El representante sindical Riley Talford, también con una playera de “Keep Libraries Public”, dijo que asistía en apoyo de los empleados sindicalizados de la biblioteca.

Bredefeld propuso privatizar la biblioteca porque se opuso a la inclusión de libros juveniles de temática gay en su acervo. Críticos y observadores señalan que Bredefeld no ha conseguido prohibir esos libros por otras vías y que ve en la privatización una manera segura de lograrlo. Nerland no ha dicho cuándo estará disponible el informe solicitado, pero los activistas locales y quienes apoyan la biblioteca se han organizado y han alzado la voz contra cualquier intento de privatización.

Author

  • Rachel Youdelman

    Rachel Youdelman is a former photography editor and lives in Clovis. She attended UC Berkeley, CalArts and Harvard University. Contact her at rachel27@berkeley.edu.

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