El pasado viernes 13 de junio se realizó una conferencia de prensa frente al ayuntamiento de Fresno en celebración del 13ro. aniversario de DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals).
Hace 13 años el entonces presidente Barak Obama firmó el decreto por el cual le otorgó a miles de indocumentados que vinieron al país siendo menores de edad un estatus parecido al TPS (Temporary Protected Status,) es decir, un permiso temporal—hay que renovarlo cada dos años—que los protege de una deportación, pueden trabajar o estudiar, pero no es residencia.
Cientos de miles de personas solicitaron DACA, un estatus hoy bajo amenaza de desaparecer por orden del presidente Trump como parte de su guerra abierta contra los inmigrantes.
“Conocemos muchas personas en posiciones de liderazgo en organizaciones comunitarias que son DACA, también conocemos profesionistas que trabajan para mejorar nuestras comunidades y otras comunidades, ganan su dinero y pagan impuestos”, dice Norberto González, de Poder Latinex, organización que convocó a la conferencia de prensa.
“Es un gran beneficio para nuestra sociedad que estas personas estén integradas”.
Más de 800.000 personas solicitaron DACA en un momento determinado. Actualmente se estima que poco más de 500.000 disponen de ese estatus. California es el estado con mayor recipientes de DACA, 150.000”.
Pero bajo la agresiva política anti-inmigrante de la administración Trump pocos dudan que pronto el gobierno intentará eliminarla, como ya intentó hacerlo en su primer gobierno (2016-2020), pero no tuvo éxito. Después ordenó cancelar el TPS a unos 400.000 ciudadanos de El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán. Sin embargo, diferentes jueces y cortes federales mantuvieron la vigencia del TPS.
Pero en mayo de este año, Trump canceló el TPS de ciudadanos venezolanos.
“Lamentablemente, no dudo que en algún momento la actual administración va a atacar DACA”, dice González. “Nuestra intención es movilizarnos para evitar una acción de esa clase”.
En las últimas semanas hubo manifestaciones públicas en todo el país en contra de las deportaciones que está llevando a cabo el gobierno federal. Las más dramáticas han tenido lugar en Los Angeles, realizadas de manera violenta y a la luz del día.
Sorprendentemente, en varias ocasiones la reacción de la ciudadanía logró detener arrestos de posibles personas indocumentadas. Le siguieron numerosas marchas y protestas en contra de ICE (US Immigration and Customs Enforcement, nombre actual de lo que hace pocos años atrás se llamaba “La Migra”.)
A su vez, el gobierno federal reaccionó con el envío de la Guardia Nacional para “proteger” a los agentes de ICE. El gobernador de California, Gavin Newsom, se opone abiertamente a esta presencia y demandó a Washington para que retire las tropas.
Los arrestos de posibles personas indocumentadas parecen un “show” de violencia y brutalidad. Los agentes usan carros sin marcas, cubren sus rostros y no usan uniformes. Este accionar es similar a los secuestros mortales realizados en países como Argentina y Chile durante las sanguinarias dictaduras militares en los años 70s y 80s.
La incertidumbre es total en nuestra sociedad ante la ferocidad del gobierno federal contra los inmigrantes. Estos no solo están preocupados sino que están prácticamente escondidos, tratando de evitar ser arrestados. Este comportamiento está afectando a la economía de la sociedad y algunos sectores industriales temen perder trabajadores.
Días atrás, el presidente Trump comentó que no se realizarían redadas en campos agrícolas o en hoteles—dos de los sectores económicos que serían gravemente afectados en caso de redadas masivas. Esta declaración es posible que sea producto de presiones de esas industrias. Sin embargo, Trump luego se desdijo y actualmente no se sabe cuál será el accionar de ICE en esas áreas.
“Le estamos pidiendo a nuestra gente que está en condiciones de hacerse ciudadana que por favor lo haga”, asegura González. “Sabemos que DACA fue solo una victoria parcial, temporal, el objetivo es una reforma migratoria que lleve tranquilidad a nuestra comunidad, conformada por personas trabajadoras”.
La última reforma migratoria tuvo lugar en 1986.
